Dirigentes de la derecha retiraron esta semana el respaldo y la urgencia al proyecto de conmutación de penas que la semana pasada obtuvo la aprobación de la idea de legislar en el Senado. La decisión abrió un quiebre interno y obligará a reconfigurar la iniciativa antes de cualquier avance.
La iniciativa fue impulsada por un grupo de senadores coordinados por Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional (RN). Buscaba ofrecer una salida humanitaria, por edad o por enfermedad, a un conjunto de condenados. El problema que motivó el rechazo de la dirigencia es que las causales aprobadas en el Senado son amplias y permitirían reclusión domiciliaria no solo para exuniformados implicados en causas de derechos humanos, sino también para homicidas seriales, violadores, narcotraficantes e incluso para Mauricio Hernández Norambuena, exfrentista condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards.
Arturo Squella, senador electo y presidente del Partido Republicano, dijo en TVN (Televisión Nacional de Chile) que "las urgencias son otras" y cuestionó la técnica del articulado, argumentando que no se le debe poner urgencia legislativa. Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), declaró en Canal 13 que el proyecto "debe ser mejorado" y que tiene que ser "mucho más restrictivo", aunque reconoció las razones humanitarias de la propuesta.
Ximena Ossandón, diputada de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, calificó el texto como "un error" y dijo que es "impresentable" en su forma actual. En su opinión, se debería avanzar solo en casos de etapa terminal y con la certeza de que la persona no puede volver a cometer delitos graves.
El caso adquiere carga histórica y política. Jaime Guzmán fue fundador de la UDI y su asesinato marcó una herida profunda en la derecha chilena. Las medidas que puedan beneficiar a condenados vinculados a violaciones de derechos humanos generan sensibilidad pública por la memoria y la justicia de la transición democrática. Esa genealogía explica en parte la rapidez con que los partidos de derecha se distanciaron del proyecto.
Quien sale perdiendo es, por ahora, el grupo de senadores promotores, liderado por Chahuán, que deberá rehacer el articulado o enfrentar el retiro definitivo de apoyo. Ganan los partidos que buscaron desvincularse de la polémica para proteger su imagen ante el electorado preocupado por la seguridad pública y el respeto a las víctimas. Para el ciudadano común, esta discusión toca dos ejes: la reparación y humanización de penas por un lado, y la percepción de seguridad y justicia por el otro.
En la práctica, el quiebre implicará varios meses de revisión parlamentaria. Es probable que el proyecto sea acotado para limitar las causales, incorporar requisitos más estrictos y crear salvaguardas que eviten la excarcelación de personas con riesgo de reincidencia. También aumentará la presión de las víctimas y sus familiares para que cualquier reforma sea más restrictiva. El futuro del texto dependerá de si sus promotores aceptan acotar sus alcances o si persisten en una fórmula que la dirigencia de derecha no está dispuesta a respaldar.
