Ante la discusión sobre una propuesta del Ejecutivo para que funcionarios de salud denuncien a migrantes en situación irregular, Fernando Riveros, superintendente de Salud, recordó a El Diario de Cooperativa que el marco legal chileno prioritiza la privacidad del paciente y el acceso a la salud por sobre el control migratorio. «Hay una ley de derechos y deberes del paciente y hay leyes que establecen la obligación de otorgar la atención de salud, por ejemplo, en contextos de urgencia sin poner ningún tipo de condicionamiento.» Riveros agregó que cualquier medida de ese tipo chocaría con la normativa vigente y que, si se persiguiera, tendría que haber modificaciones legales; hoy la legislación no permitiría adoptarla. Sobre el alcance de la protección, el superintendente explicó que el resguardo de la información es estricto dentro de recintos asistenciales. «Protege la confidencialidad de los datos de la persona que se atiende. De hecho, hay que tener claro que, por ejemplo, los datos de la ficha clínica incluso al interior de un hospital no pueden ser conocidos por nadie salvo el equipo médico que participa directamente en la atención de salud a la persona». La ministra de Salud, May Chomali, advirtió en conversación con Radio T13 que ve con bastante preocupación la indicación del Gobierno. «Nosotros no podemos informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y eso está resguardado por el código sanitario y por la Ley de derechos y deberes del paciente, y eso lo vamos a defender absolutamente», explicó. En esa línea, Chomali enfatizó que desde el Minsal no podemos negar una atención, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población.