Un plan para tender un cable submarino de fibra óptica entre Chile y China se impulsó en los últimos meses desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, liderado por el subsecretario Claudio Araya y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, y terminó provocando la retirada de visas por parte de Estados Unidos a tres funcionarios del gobierno, incluido el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. El proyecto se desarrolló con bajo perfil y fuera del circuito público habitual de coordinación interministerial.
Según informó Ex-Ante, el diseño y los avances iniciales los encabezaron Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, y Guillermo Petersen, su jefe de gabinete, quienes aceleraron conversaciones y trámites con empresarios chinos para viabilizar el tendido del cable denominado Chile–China Express. La misma cobertura menciona que el impulso contó con apoyo político desde La Moneda del presidente Gabriel Boric y del asesor en materias internacionales del Segundo Piso, Carlos Figueroa. Estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por todas las autoridades mencionadas.
La iniciativa generó reparos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, y en sectores del propio Ministerio de Transportes por sus implicancias geopolíticas y de seguridad. Cancillería es la institución encargada de la política exterior de Chile y, según fuentes consultadas públicamente, mostró preocupación por los riesgos que Washington ha subrayado en los últimos años sobre permitir que infraestructura crítica de datos quede asociada a empresas chinas. Esas advertencias de Estados Unidos explican, en parte, la decisión de retirar visas a los funcionarios vinculados al proyecto.
Técnicamente, un cable submarino de fibra óptica conecta centros de datos mediante conductos bajo el mar y transporta grandes volúmenes de información con baja latencia. La propiedad, control y acceso a esos cables definen quién puede influir en el flujo de datos y en la seguridad de la comunicación. Por eso los actores diplomáticos y de defensa suelen exigir evaluaciones rigurosas antes de aprobar proyectos que implican conexión directa con empresas o Estados extranjeros.
Políticamente, la gestión expone una tensión interna: por un lado, funcionarios de Subtel que impulsaron el proyecto, y por otro, ministerios que reclamaron mayor información y controles. Quien ganó protagonismo fue la Subsecretaría de Telecomunicaciones y, en lo político, los asesores que impulsaron la iniciativa; quienes perdieron fueron los funcionarios cuyos visados fueron retirados, la coordinación interministerial y la confianza internacional de Chile sobre procesos de infraestructura crítica.
Para el ciudadano común, el episodio plantea preguntas claras sobre transparencia y seguridad: quién decide la instalación de infraestructura crítica, qué garantías de protección de datos existen, y qué impacto tiene esto en la relación con socios como Estados Unidos y con empresas chinas. En el plano institucional, el caso puede derivar en citaciones en el Congreso, solicitudes formales de información y revisiones regulatorias. Por ahora no hay detalles públicos sobre el financiamiento, los contratos con empresas chinas o el calendario preciso del proyecto, lo que mantiene la controversia abierta.
