Marisol Peña, ex presidenta del Tribunal Constitucional (TC) y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, fue clara: la acusación constitucional contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda del gobierno del presidente Gabriel Boric, no reúne los méritos jurídicos para prosperar en el Senado.

La jurista habló en el programa Lo que Queda del Día de Cooperativa y reconoció que no es inédito acusar a exministros, pues las acusaciones de los últimos años han recaído sistemáticamente en ese cargo. Pero este caso tiene una particularidad: los cargos imputados a Grau, básicamente negligencia y mal desempeño, no alcanzan el estándar constitucional que justifique inhabilitarlo por cinco años para ejercer funciones públicas.

"Me parece que esta acusación tiene la particularidad de no lograr configurar los niveles jurídicos que se le imputan al exministro de Hacienda", sostuvo Peña. La responsabilidad constitucional, recordó, es un mecanismo de última ratio, y su uso requiere que los hechos imputados sean de una gravedad específica, no simples errores de gestión.

Peña planteó además una pregunta que incomoda: si el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) habían emitido advertencias previas sobre las falencias que hoy se le reprochan a Grau, ¿por qué los parlamentarios no activaron antes los mecanismos de fiscalización política disponibles, como una interpelación o una comisión investigadora? Para la experta, esa omisión revela un uso inadecuado de la herramienta constitucional.

La jurista valoró la postura de un grupo transversal de diputados que quiso declarar inadmisible la acusación por falta de mérito jurídico, con independencia de sus posiciones políticas. Y respaldó la propuesta de reforma al sistema que ese mismo bloque ha impulsado.

"Valoro que haya un grupo transversal de parlamentarios que haya manifestado la conciencia acerca de que la acusación constitucional no se está usando debidamente", insistió. El proyecto contempla elevar a 20 diputados el número mínimo necesario para presentar una acusación constitucional, subiendo el umbral que hoy hace, según la propia Peña, "relativamente fácil" deducirlas.