Las conversaciones entre delegaciones de la izquierda y la derecha en la sede del Congreso en Santiago no llegaron a un acuerdo sobre la composición de la mesa del Senado. En la jornada participaron los senadores Juan Luis Castro, del Partido Socialista (PS), y Pedro Araya, del Partido por la Democracia (PPD), por el bloque de centroizquierda; y las senadoras y senadores Paulina Núñez, de Renovación Nacional (RN), Luciano Cruz-Coke, de Evolución Política (Evópoli), y Javier Macaya, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), por la derecha. También participó José García, senador de RN y designado ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Las tratativas giraron en torno a un acuerdo político-administrativo para definir la presidencia del Senado y la repartición de las presidencias de comisiones. La propuesta inicial de la derecha fue un esquema 3x1, es decir, que ese sector ocupara la presidencia tres de los cuatro años de la legislatura. La izquierda, en cambio, pidió ocupar la presidencia por dos años, y esa demanda fue el principal punto de ruptura en las negociaciones, según varios participantes. "Seguimos mañana", reconocieron en reserva algunos negociadores.

En paralelo circuló un documento impulsado por el senador Alfonso de Urresti, del PS, que proponía una repartición más equilibrada de comisiones. Ese borrador asignaba a la izquierda las presidencias de las comisiones de Constitución y Gobierno Interior durante el primer año, y a la derecha las de Hacienda, Seguridad y Trabajo. El texto plantea una rotación de esas presidencias durante la legislatura 2026 a 2030. Algunas versiones indican además concesiones adicionales a la izquierda, pero esa información no está completamente confirmada.

Este tipo de repartos no es nuevo en el Senado. Históricamente, las mayorías negociadas determinan el ritmo legislativo, porque el control de comisiones influye directamente en qué proyectos avanzan y con qué prioridad. La presidencia de la comisión de Constitución es especialmente estratégica, porque es la puerta de entrada para las iniciativas que buscan reformar la Carta Fundamental.

El resultado de estas negociaciones afectará la tramitación de asuntos urgentes en la agenda legislativa, entre ellos la definición sobre la postura de Estado ante la candidatura de Michelle Bachelet a un cargo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el avance de la reforma sobre sociedades anónimas deportivas profesionales y el litigio sobre la ley de prevención de incendios que pasó a comisión mixta. El control de Hacienda, por su parte, condiciona la discusión presupuestaria y las prioridades fiscales que impactan directamente en los servicios públicos y en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Políticamente, la negociación dibuja ganancias y pérdidas claras: la izquierda busca amarrar espacios claves para tutelar reformas y ejercer fiscalización, mientras que la derecha pretende asegurar la influencia sobre el presupuesto y materias de seguridad y trabajo. Para el ciudadano común, la disputa puede traducirse en retrasos en proyectos que implican recursos o cambios normativos relevantes.

Las conversaciones continuarán en las próximas horas. El escenario principal es que se cierre un acuerdo de última hora que contemple una mayor rotación en la presidencia o, si no hay pacto, que la mesa se decida por votación en la primera sesión del Senado. El desenlace determinará el mapa de poder legislativo para los cuatro años que vienen y el ritmo de los proyectos más sensibles para el país.