En una entrevista en Meganoticias, Gabriel Boric, presidente saliente, dijo que semanas antes había conversado con José Antonio Kast, presidente electo, para transmitirle las preocupaciones que la embajada de Estados Unidos en Chile había planteado sobre el proyecto del cable submarino con China. Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior del gobierno de Kast, negó esa versión a la salida de una reunión técnica en el Ministerio del Interior y sostuvo que el presidente electo no fue informado.

El cruce escaló en medio de una controversia pública por el proyecto de cable impulsado por la empresa China Mobile, empresa de telecomunicaciones china, y en paralelo a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. La Moneda, hasta ahora, ha rechazado que existiera ocultamiento, aunque está acreditado que un ministro firmó una concesión vinculada al proyecto el 27 de enero. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citó al canciller Alberto van Klaveren y al ministro Juan Carlos Muñoz para aclarar detalles del caso, y la discusión ya impacta la agenda de la transición.

El episodio se inserta en un contexto de sensibilidad geopolítica, similar a otras disputas internacionales sobre infraestructura tecnológica de origen chino, donde Estados Unidos ha expresado recelos en varios países. La encuesta de opinión Cadem registra además una división pública sobre la relación con China y sitúa la aprobación de Boric en 37%, lo que da a la controversia un efecto político inmediato para ambas administraciones.

Las consecuencias son prácticas y políticas. En lo inmediato, la disputa complica la coordinación de la transición, aumenta la presión sobre los ministros citados en el Senado y podría retrasar decisiones regulatorias o administrativas relacionadas con concesiones de infraestructura. En lo geopolítico, reaviva la necesidad de articular una posición nacional frente a presiones externas y riesgos de seguridad en infraestructura crítica.

En términos de reparto de ventajas, Boric busca mostrar que actuó con transparencia y anticipación, lo que le da margen político frente a acusaciones de ocultamiento. El gobierno entrante, y en particular Claudio Alvarado y José Antonio Kast, pierden control narrativo y enfrentan una demanda pública por explicaciones. Para la ciudadanía, la disputa afecta la confianza en la conducción del Estado y en cómo se protegen datos y servicios esenciales, además de introducir incertidumbre sobre proyectos que inciden en conectividad y competitividad.

Mañana a las 08:00 horas Boric recibirá por tercera vez a Kast en La Moneda, encuentro que podrá marcar si la tensión se convierte en un conflicto institucional mayor o si se logra un acuerdo de manejo de la crisis. En paralelo, la actuación del Senado y las aclaraciones de la embajada de Estados Unidos en Chile y de los ministros citados definirá el alcance político y legal del asunto, y condicionará la capacidad del próximo gobierno para avanzar en decisiones sobre infraestructura estratégica.