El asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo desató una nueva ola de presión sobre el Gobierno para que acelere la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA). El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, fue uno de los primeros en alzar la voz y exigió cambios concretos al sistema de reclusión juvenil.
Sichel pidió que el Gobierno presente un proyecto de ley que modifique el régimen de detención de menores infractores. La propuesta central es permitir la reclusión continua, de día y de noche, orientada a programas de rehabilitación. Hoy, la norma vigente contempla solo régimen nocturno, lo que el alcalde considera insuficiente frente a delitos graves.
"Ojalá que esto nos duela a todos, que se acabe el show con el tema de la seguridad y que se hagan cosas", dijo el alcalde. La declaración encapsula el agotamiento que varios jefes comunales expresan ante una respuesta estatal que consideran lenta frente a la criminalidad juvenil.
El crimen ocurrió presuntamente a manos de otros adolescentes, lo que volvió a poner el foco en los vacíos del sistema penal juvenil. La LRPA, en vigor desde 2007, ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por su enfoque rehabilitador frente a delitos violentos. La presión municipal sobre el Ejecutivo no es nueva, pero este caso la renovó con fuerza.
Más allá de la reforma penal, Sichel también urgió la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, normativa que aún espera su implementación formal. Sin ese reglamento, los municipios tienen limitada capacidad de coordinación con las fuerzas de seguridad.
El proyecto para endurecer la LRPA ya está en el Senado. Tras pasar por la Comisión de Constitución, la Sala solicitó una segunda discusión, lo que frenó su tramitación. La presión municipal apunta a que el Ejecutivo presente indicaciones que aceleren los plazos antes de que otro caso de violencia vuelva a instalar el mismo debate.
