Estudiantes, docentes y exalumnos de la Universidad Purdue, institución pública en Indiana, Estados Unidos, denuncian que desde el año pasado existe una práctica extraoficial para rechazar automáticamente solicitudes de admisión procedentes de China y de otros países que, según la carta citada, Washington considera adversarios.
La supuesta variación en las decisiones de posgrado llegó tras una misiva dirigida el año pasado a seis universidades por el comité selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la competencia estratégica con el Partido Comunista Chino (Chinese Communist Party, CCP, por su sigla en inglés). En esa carta, el comité argumentó que «la admisión de grandes cantidades de estudiantes chinos en programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas puede poner en riesgo la seguridad nacional», y exigió datos sobre estudiantes chinos y vínculos institucionales.
Fuentes locales, incluida la prensa regional Lafayette Journal & Courier y un documento hecho público y compartido con The Guardian, recogen que varios departamentos de Purdue ofrecieron plazas y financiamiento a estudiantes extranjeros durante 2023, para ver esos ofrecimientos luego rescindidos al momento en que la universidad debía formalizar las cartas de admisión. En respuesta, decenas de firmantes de una carta dirigida a la administración universitaria sostienen que la práctica de «soft banning» o bloqueo por nacionalidad socava la meritocracia y la libertad académica.
Purdue ha negado oficialmente la existencia de una prohibición. Erin Murphy, vocera de la universidad, afirmó en un comunicado a la prensa que "there is no ban", aunque la institución no respondió de forma detallada a las preguntas sobre las ofertas aparentemente rescindidas ni sobre instrucciones internas a comités de admisión. Tradicionalmente, las decisiones de admisión de posgrado se toman en los departamentos académicos y la aprobación final por parte de la universidad había sido en gran medida una formalidad; según el reclamo de críticos, esa rutina administrativa habría cambiado.
El debate es parte de una tendencia más amplia en Washington, donde legisladores y agencias federales han intensificado el escrutinio sobre la colaboración académica internacional, el flujo de investigadores y el acceso a tecnologías sensibles. El comité de la Cámara justificó su intervención apelando a la protección de investigación crítica, y varios campus han cortado o revisado convenios con instituciones chinas en meses recientes.
Las consecuencias trascienden a quienes postulan directamente: para estudiantes chilenos que consideran estudios de posgrado en Estados Unidos esto significa mayor incertidumbre sobre ofertas y financiamiento en áreas STEM, procedimientos de visado más estrictos y una posible demora o cancelación de proyectos conjuntos de investigación. También puede afectar a universidades chilenas que mantienen redes colaborativas con socios estadounidenses o proyectos trilaterales con instituciones chinas, porque la nueva atmósfera de riesgo puede endurecer controles de transferencia tecnológica y contrapartidas contractuales.
Ante ese escenario, quienes buscan programas en EE. UU. deberían verificar por escrito condiciones de financiamiento y la vigencia de la oferta con el departamento académico, y comunicarse con la representación consular correspondiente si hay problemas con visas o rescisión de ofertas. En el plano institucional, el caso Purdue podría abrir disputas legales y éticas sobre discriminación por nacionalidad y, al mismo tiempo, empujar a otras universidades a aclarar sus criterios de admisión para evitar daños reputacionales.
La controversia plantea preguntas sobre hasta qué punto la securitización de la educación superior reconfigura la movilidad académica global. La Universidad Purdue dice que no hay una política de veto, los denunciantes piden restitución de ofertas y transparencia, y el tema pone en tensión principios académicos clásicos con la agenda de seguridad nacional de Washington. Para Chile y Latinoamérica, el reto es monitorear cómo estas medidas alteran oportunidades de formación y colaboración en ciencia y tecnología, y evaluar mecanismos locales de respaldo a estudiantes e investigadores afectados.
