El gobierno dio a conocer indicaciones para endurecer la disciplina ética de los abogados con un paquete que contempla sanciones para faltas graves y posibles casos de corrupción, y lo hizo sin exigir que los profesionales pertenezcan a un colegio oficial, según autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La propuesta busca transparencia tras una crisis institucional que ha sacudido el poder judicial y plantea que todos los abogados estén sujetos a reglas más rígidas, independientemente de su afiliación gremial. En este marco, se pretende cerrar brechas que permitían a ciertos profesionales eludir la fiscalización administrativa por no estar inscritos en gremios colegiados.