Tras más de una década de debate y tramitación, la ampliación del Puerto de Valparaíso entra este mes en su tramo crucial: el lunes 23 de febrero se hará público el Informe Consolidado de Evaluación, ICE, del proyecto Terminal 2, paso previo a la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental, COEVA. Esa decisión administrativa abre la puerta para que la iniciativa avance o quede sujeta a reparos formales antes de su posible aprobacion.
La propuesta considera una inversión privada de US$900 millones destinada a obras portuarias y asociadas, y busca ampliar significativamente la capacidad del recinto. En cifras, el proyecto proyecta pasar de 1 millón a 2,3 millones de TEUs en transferencia de contenedores, y de 1,5 millones a más de 3,7 millones de toneladas anuales en carga fraccionada, además de contemplar mejoras para la atención de naves de pasajeros.
El Terminal 2 forma parte del Acuerdo por Valparaíso, un conjunto de compromisos para el desarrollo de la ciudad puerto, y se inserta en el sistema portuario de la zona central donde Valparaíso y San Antonio concentran buena parte del comercio exterior chileno. En Chile casi el 90% del intercambio comercial se moviliza por vía marítima, lo que convierte a cualquier cambio en la infraestructura portuaria en un asunto estratégico para la logística nacional.
Los gremios locales han seguido con atención la tramitación. Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, enfatizó los efectos esperados en inversión, empleo y costos logísticos. "Si se aprueba la ampliación, el impacto concreto es triple. Primero, la inversión, estamos hablando de una inversión privada del orden de US$ 900 millones de dólares en infraestructura estratégica para el país. Segundo, empleo, se proyectan cerca de 2500 puestos de trabajo y el fortalecimiento de una cadena de logística clave para la región y el comercio exterior. Tercero, los costos logísticos, al duplicar la capacidad se reduce el riesgo de congestión y se mejora la eficiencia operativa", dijo Torrejón. En ese ámbito se estiman cerca de 2.500 nuevos empleos directos e indirectos asociados a la construcción y a la operación ampliada.
No obstante, la iniciativa llega después de largas controversias. Están registrados en el proceso público reclamos y observaciones de comunidades costeras y organizaciones ambientales, que han planteado dudas sobre impactos en el borde costero, la biodiversidad y la calidad del aire, así como la necesidad de medidas de mitigación claras en los estudios técnicos. Esa tensión entre desarrollo y protección ambiental marcó buena parte de los más de 10 años de tramitación.
Con la publicación del ICE el 23 de febrero, la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental será el siguiente hito. Si la COEVA aprueba, el proyecto avanzará hacia las etapas posteriores de ejecución y permisos, con implicancias directas para la cadena logística de la zona central del país. Para Valparaíso, el debate no es solo de infraestructura, es una conversación sobre qué puerto queremos y cómo integrar ese crecimiento con la comunidad y el territorio.
