En la alta cordillera del Valle del Aconcagua, Región de Valparaíso, el Parque Andino Juncal es administrado por una iniciativa privada que desde 2003 mantiene presencia permanente y controles de acceso para proteger su biodiversidad. Martín Sapaj Aguilera, encargado de operaciones del parque, precisa que la unidad custodia casi 14.000 hectáreas sobre los 2.000 metros de altitud y que la gobernanza activa ha sido clave para la conservación.
Durante gran parte del siglo XX, el territorio estuvo sometido a actividades sin planificación: minería a pequeña escala, ganadería, caza, uso libre de refugios y ejercicios militares dejaron basura, cercos, restos bélicos y suelos erosionados. Esas prácticas empobrecieron humedales y glaciares, y desplazaron a la fauna local; por ejemplo, hace 15 años era raro ver guanacos en la zona.
El giro comenzó en 2003, cuando se restringieron los usos y se permitió la recuperación natural del paisaje. No se recurrió a grandes intervenciones artificiales, sino a medidas de ordenamiento territorial, vigilancia y manejo de visitantes. Con ese enfoque, procesos de sucesión ecológica y la protección de humedales han permitido la reaparición de especies y la reducción de impactos visibles en las laderas.
El parque forma parte de un continuo cordillerano de más de 300.000 hectáreas, pero representa apenas alrededor del 3% de la superficie protegida efectivamente en la Región de Valparaíso. Su carácter privado y los cupos limitados de visitantes responden a la fragilidad de los ecosistemas de montaña: la entrada masiva puede causar erosión, perturbación de fauna, acumulación de residuos e impacto en cuerpos de nieve y glaciares.
Hoy, la conservación que tardó décadas en consolidarse enfrenta presiones desde la posible expansión de actividades mineras en la cordillera aledaña. Las eventuales solicitudes de permisos de exploración y concesiones mineras activan procesos regulatorios que dependen de instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Dirección General de Aguas, además de decisiones municipales y regionales. Fuentes del parque y conservacionistas alertan sobre el riesgo de que esas autorizaciones afecten la integridad de humedales y corredores faunísticos.
El panorama obliga a combinar criterios técnicos y territoriales: determinar la compatibilidad entre extracción y conservación, asegurar evaluaciones ambientales rigurosas y coordinar a los distintos actores locales. El parque reclama que cualquier tramitación considere la recuperación ya lograda y la presencia permanente de guardaparques como garantes de la protección.
A corto plazo, la situación dependerrá de las resoluciones que adopten las autoridades competentes y del alcance de las solicitudes mineras en trámite, cuando existan. Para comunidades y gestores del Parque Andino Juncal está en juego no solo un paisaje recuperado, sino la continuidad de procesos ecológicos que tardaron décadas en restablecerse.