Con la asunción del gobierno entrante en Chile comienza un ciclo que exige prioridades claras: estabilidad económica, ajustes en educación y agilización de permisos ambientales. La necesidad es pragmática, no ideológica.

La historia mundial muestra que los países que combinan continuidad institucional y políticas públicas de largo plazo crecen de forma sostenida. Corea del Sur, Finlandia y Singapur sostuvieron inversiones en innovación y educación durante décadas, y eso les permitió mejorar productividad y reducir desigualdades. En ese contexto, el principal riesgo para Chile es la volatilidad de las reglas, no el debate sobre objetivos.

La economía chilena entra a este nuevo ciclo con un PIB per cápita de US$ 16.400 y proyecciones de crecimiento cercanas al 2%. Con esos números, la pérdida de confianza de inversionistas y ciudadanos por cambios bruscos puede traducirse en menor inversión y empleo. Quien gana con políticas predecibles son los hogares que dependen del empleo formal; quien pierde con la incertidumbre son los pequeños y medianos empresarios que necesitan horizonte para invertir.

En educación el gobierno hereda dos dilemas. Primero, qué hacer con reformas como la ley de inclusión escolar. La evidencia internacional, por ejemplo de Irlanda, Estonia y regiones de Canadá, sugiere que mecanismos de admisión aleatoria en establecimientos pueden reducir la segregación social, siempre que existan criterios transparentes y bien diseñados. Segundo, el rol de los actores privados sin fines de lucro. En países como Bélgica y Países Bajos, más del 50% de los estudiantes asisten a colegios privados subvencionados sin fines de lucro, que reciben financiamiento público y no cobran matrículas adicionales, bajo exigencias pedagógicas estrictas. Eso ha derivado en sistemas con mejores resultados en la evaluación internacional PISA (Programme for International Student Assessment, evaluación internacional de alumnos).

Las propuestas deben responder a quién se beneficia y quién se sacrifica. Expandir el financiamiento a escuelas privadas sin fines de lucro puede aumentar la oferta, pero exige reglas que protejan la equidad y eviten la selección por capacidad de pago. Cambiar la ley de inclusión sin evidencia clara de impacto puede empeorar la segregación.

En materia ambiental, la urgencia es diferente. Chile necesita racionalizar trámites que hoy retrasan proyectos clave en minería y energía, sin debilitar normas ni perder la legitimidad social. La ciudadanía y las autoridades locales respaldan la protección ambiental. La respuesta, entonces, no es relajar estándares, sino diseñar procesos más inteligentes: decisiones técnicas tempranas, participación ciudadana efectiva desde el inicio y plazos definidos. Eso reduce conflictos y acorta tiempos sin renunciar a las salvaguardias.

El nuevo gobierno tendrá que equilibrar: dar señales de predictibilidad para recuperar inversión, corregir lo que no funciona en educación sin desmantelar logros, y modernizar permisos ambientales con la gente en la mesa. Los próximos meses definirán si la administración opta por evolucionar políticas con ajustes técnicos o por reformas abruptas que aumenten la volatilidad. Para el ciudadano común, la diferencia se traducirá en empleo, calidad escolar y el entorno donde vive.