El Consejo Fiscal Autónomo, el organismo técnico que evalúa la política fiscal en Chile, publicó este miércoles su informe sobre el cierre fiscal de 2025 y reprochó con dureza la gestión del gobierno de Gabriel Boric, presidente de Chile.
El documento, titulado "Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025", afirma que el balance fiscal estructural quedó en -3,6% del PIB, lo que implica un desvío de 2,5 puntos porcentuales respecto de la meta original de -1,1% del PIB y de 2,0 puntos porcentuales respecto de la meta vigente de -1,6% del PIB, contenida en el decreto modificado en 2025.
Según el Consejo Fiscal Autónomo, este resultado no es transitorio. El informe atribuye el desvío a "errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales", a la "escasa efectividad" del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo, y a un ajuste del gasto que consideraron "insuficiente". Además subrayan que la magnitud del desvío es elevada en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios.
La relación entre el Consejo Fiscal Autónomo y el Ministerio de Hacienda fue tensa durante buena parte del mandato de Gabriel Boric. En mayo de 2025 el CFA ya había advertido sobre una situación de estrés fiscal prolongada y pidió un cambio sustantivo en la conducción de las finanzas públicas. Mario Marcel, ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, calificó entonces el informe como "inusualmente severo". Es la tercera vez seguida que se registra un desvío respecto de la meta de balance estructural.
Las implicaciones políticas son claras. El informe refuerza los cuestionamientos sobre la capacidad del Ejecutivo para proyectar ingresos y controlar el gasto, y entrega argumentos a la oposición para exigir ajustes más profundos. Para el Ministerio de Hacienda significa pérdida de margen de maniobra y mayor presión para presentar medidas concretas en el presupuesto siguiente.
En términos prácticos para la ciudadanía, una peor posición fiscal reduce el espacio para políticas públicas y puede traducirse en mayor riesgo de recortes o ajustes de gasto, o en la necesidad de mayores ingresos tributarios en el futuro. También afecta la credibilidad fiscal ante inversionistas y calificadoras, aunque el informe no detalla medidas específicas ni proyecta impactos inmediatos sobre tasas o financiamiento externo.
Históricamente, que un desvío de esta magnitud ocurra en ausencia de una crisis distingue este episodio. Abre un debate sobre la calidad de las proyecciones fiscales, la gobernanza presupuestaria y quién asume el costo político. El próximo paso será la respuesta concreta del gobierno y las decisiones que adopte el Ministerio de Hacienda en el proceso presupuestario, donde se medirá si cambian las prácticas que el CFA considera erradas.
