El ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, dejó la institución, pero su salida se cruzó con un tema que sigue en la mesa: la definición de los montos que recibe el Fisco por concepto de litio. En la última sesión del consejo, el 23 de febrero, bajo la administración de Gabriel Boric, Benavente propuso formar un grupo de trabajo para definir una regla que entregue certezas respecto a la definición de los montos que recibe el Fisco por el litio, considerando que los mecanismos vigentes no han surtido el efecto deseado y buscando velar por la rentabilidad y sustentabilidad desde el punto de vista financiero y patrimonial de la Corporación. Según el acta, la idea sería sostener conversaciones, especialmente con la Dipres, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para definir una regla que sirva para quien esté a cargo de la institución en el futuro.

La discusión toma relevancia a partir de un episodio anterior de sobrestimación de ingresos. En el acta del 17 de diciembre del año pasado, que dio a conocer El Mercurio en febrero, Corfo había estimado ingresos por litio por la vía de arriendos de las pertenencias mineras del Salar de Atacama por 811.073 millones de pesos, es decir más de US$850 millones, asumiendo precios del mineral para 2025 entre US$13 mil y US$15 mil la tonelada. Sin embargo, esa meta no se cumplió y la cifra final fue de 319.937 millones de pesos, poco más de US$350 millones, con precios que oscilaron entre US$8.9 mil y US$10 mil la tonelada. Este desfase, que se originó en parte por cambios en los supuestos de ingresos, alimenta la inquietud de buscar una regla más estable para calcular lo que corresponde al Fisco.

El Salar de Atacama, donde Corfo tiene derechos sobre ingresos por arriendo de tierras y activos mineros, vuelve a estar en el centro de la discusión, que busca evitar que futuras proyecciones se desvíen de la realidad y, a la vez, asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad patrimonial de la Corporación. La conversación en torno a un mecanismo más definido no es nueva, pero hoy cobra un aire de necesidad operativa para evitar sorpresas futuras en los ingresos fiscales ligados a las operaciones de litio en Chile. En este marco, la mirada se dirige a cómo, y cuánto, debe recibir el Estado por estos derechos, con un foco claro en que la definición sea comprensible y estable para las diferentes administraciones que se sucedan. En la cancha quedan también las vinculaciones institucionales con Dipres, Hacienda y Economía para que la futura regla sea viable y durable, más allá de cambios de gobierno o de equipo directivo.