Francia impulsó un proyecto de ley para prohibir la destrucción de artículos no alimentarios que no se vendieron, tras la difusión de un reportaje televisivo que mostró productos nuevos siendo destruidos en un centro logístico de Amazon en Chalon-sur-Saône, en el este del país. Amazon respondió en redes señalando que solo una fracción se destruye y que la mayoría de los artículos son reciclados, revendidos, devueltos o donados.
La iniciativa se enmarca en una creciente ola verde en Francia, donde ya existen normas que obligan a supermercados a donar alimentos cercanos a su fecha de vencimiento, y en un debate político activo sobre consumo responsable y economía circular. El primer ministro Edouard Philippe anunció el proyecto, y voces públicas ambientalistas como la del ex ministro para la transición ecológica Nicolas Hulot, que renunció al gobierno por considerar insuficientes las acciones climáticas, han empujado la agenda ecológica.
A nivel europeo, la medida refleja una tendencia a regular con más fuerza a grandes distribuidores y plataformas globales, y a trasladar costos ambientales fuera de la sociedad. Para multinacionales como Amazon, que operan cadenas logísticas masivas, la regla implicaría cambios operativos importantes y podría servir de precedente en la Unión Europea para exigir trazabilidad, reutilización y canales de donación obligatorios.
Las reacciones son mixtas. ONG y activistas ambientales celebran la prohibición por su potencial para reducir residuos y fomentar donaciones. Minoristas y marcas alegan que recuperar productos devueltos es costoso, complejo y, en algunos casos, problemático por razones sanitarias o de seguridad del consumidor. Esa tensión entre sostenibilidad y costos operativos es el eje práctico del debate.
¿Y qué significa esto para Chile y América Latina? La prohibición francesa es aplicable aquí como ejemplo de política pública. En Chile existen instrumentos relacionados con la gestión de residuos, como la Ley REP de Responsabilidad Extendida del Productor, el Ministerio del Medio Ambiente y organismos de consumo como el Servicio Nacional del Consumidor, que podrían articular normas sobre destrucción y redistribución de productos. Implementar una norma similar requeriría adaptar logística de donación, incentivos fiscales para empresas, protocolos sanitarios para artículos usados o reacondicionados, y capacidad fiscalizadora municipal y nacional.
Para los retailers y marketplaces chilenos, la norma francesa sugiere la necesidad de protocolos claros sobre devoluciones, reacondicionamiento y canales de donación, además de sistemas de trazabilidad. También plantea preguntas sobre quién asume costos logísticos y cómo proteger la seguridad del consumidor. En resumen, la iniciativa francesa ofrece un modelo normativo ambicioso que Chile podría emular parcialmente, pero su traslado exige inversión en infraestructura, ajustes regulatorios y diálogo entre gobierno, empresas y organizaciones sociales. Habrá que seguir el texto final del proyecto francés para ver obligaciones concretas y plazos de implementación.
