El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó este martes en la red social X que es "totalmente FALSO" que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) esté preparando cargos penales contra Delcy Rodríguez, quien fue designada presidenta encargada de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el 5 de enero.
La aclaración de Blanche responde a un reporte de la agencia Reuters que aseguró, sin citar públicamente documentos judiciales, que el DOJ preparaba en secreto una acusación por supuesta corrupción y lavado de dinero contra Rodríguez, y que el presidente estadounidense Donald Trump respaldaba ese eventual expediente para avanzar su política hacia Venezuela. Reuters es la agencia que difundió la versión original; Todd Blanche lo negó directamente en la plataforma que antes se conocía como Twitter, ahora llamada X.
Según el propio reporte atribuido a Reuters, la acusación habría sido usada como herramienta política para presionar al gobierno venezolano. Desde la presidencia de Estados Unidos hay precedentes de acciones legales y sanciones contra altos funcionarios venezolanos: en 2020 el DOJ presentó cargos penales contra Nicolás Maduro por delitos vinculados al narcotráfico. Ese historial explica por qué cualquier rumor sobre cargos genera preocupación diplomática.
En el material que circuló también aparecen afirmaciones sobre un operativo del 3 de enero que habría detenido a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los habría trasladado a Nueva York para ser juzgados. Esas aseveraciones no han sido verificadas por fuentes públicas confiables y, hasta ahora, no existen registros oficiales del DOJ ni de gobiernos extranjeros que confirmen un acto de esa naturaleza. Por lo tanto, esa parte de la narración debe considerarse sin verificación independiente.
La disputa entre la versión de Reuters y la negación pública del funcionario del DOJ tiene implicaciones diplomáticas y prácticas. Un proceso penal por parte de Estados Unidos contra la presidenta encargada de Venezuela complicaría los canales de diálogo que en las últimas semanas han mostrado avances en temas como la exportación de petróleo y acuerdos bilaterales. También tensionaría a países de la región que buscan alternativas para mediar o mantener relaciones comerciales con Caracas.
Para América Latina, y en particular para Chile, el punto central no es un caso legal aislado, sino el efecto dominó sobre la estabilidad regional, los mercados de hidrocarburos y los flujos migratorios. Si Washington retomara una postura judicial agresiva contra figuras del gobierno venezolano, eso podría endurecer sanciones, frenar inversiones en el sector energético y reavivar debates en foros regionales como la Organización de los Estados Americanos. En la política doméstica de la región, episodios como este también alimentan reacciones: por ejemplo, el gobierno de Argentina pidió explicaciones a la Asociación del Fútbol Argentino sobre gestiones vinculadas a Venezuela, lo que muestra la sensibilidad política hacia vínculos con el chavismo.
Por ahora, la situación queda en un cruce de versiones: Reuters mantiene su reporte y el principal responsable del DOJ citado por el informe lo niega categóricamente. Quedan por verse comunicados oficiales adicionales del Departamento de Justicia o una pronta retractación o confirmación de la agencia. La pulseada informativa tendrá seguimiento por su impacto en la relación bilateral entre Washington y Caracas y en la dinámica regional.
