Faltan días para las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia y la Misión de Observación Electoral salió a despejar dudas tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, que puso en cuestión la transparencia del conteo.

La preocupación se concentra en el formulario conocido como E-14, el acta donde los jurados registran los votos de forma manual. La Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada del proceso, calcula que están habilitados para votar 41.287.084 ciudadanos dentro y fuera del país. Ese volumen explica por qué cualquier sospecha adquiere rápida resonancia pública.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, explicó en entrevista a El Tiempo que el sistema colombiano está pensado para ser auditado por capas. "Son muchos los ojos que están viendo el proceso, no solamente el conteo de los votos, sino también del escrutinio", dijo Barrios, en un intento por desactivar la idea de un procedimiento controlado por un único actor.

Según la MOE, entre las salvaguardas figura la conformación aleatoria de los jurados de mesa, compuestos por seis personas de distintos sectores, lo que hace difícil una colusión para alterar resultados. Además, las campañas y partidos pueden disponer de testigos electorales que presencian el conteo, revisan el diligenciamiento del E-14 y, una vez firmado, pueden tomar fotografías del acta y presentar reclamaciones en el mismo puesto de votación. La organización habló de un conjunto de cinco garantías fundamentales, aunque no todas fueron explicadas detalladamente en la rueda de prensa pública.

En ese contexto, la disputa tiene efectos políticos concretos. Quien gana con estas denuncias es, en primera instancia, la narrativa del propio presidente Gustavo Petro y sus respaldos, que pueden movilizar electores y generar presión política sobre los órganos electorales. Pierden potencialmente las instituciones encargadas del escrutinio si las sospechas minan su legitimidad, y pierde el ciudadano común que enfrenta mayor desconfianza sobre la validez del resultado y riesgo de polarización.

Históricamente, en América Latina las acusaciones de fraude han derivado en crisis prolongadas en casos como Venezuela bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y Nicaragua bajo Daniel Ortega, donde la disputa sobre legitimidad electoral tuvo costos sociales y económicos. En ese sentido, la reacción de la MOE busca contener un problema regional más amplio: el desgaste de la confianza en las reglas del juego democrático.

Para el votante, las garantías descritas por la MOE implican medidas concretas el mismo 8 de marzo: presencia de jurados mixtos, testigos de partidos y la posibilidad de fotografiar las actas en el lugar. Los próximos días estarán marcados por la vigilancia pública y por la exigencia de que la Registraduría Nacional del Estado Civil y observadores mantengan transparencia en cada etapa del escrutinio. La disputa contribuye a tensionar el clima electoral; el desenlace dependerá de cómo se verifiquen y expliquen las actas que hoy están en el centro del debate.