21 de febrero de 2026. Un autor complementa la columna publicada por CIPER Chile titulada "Prevención en salud bucal: la política pública más costo-efectiva que Chile sigue ignorando" y plantea que, más allá del diagnóstico, el país debe pasar a la acción para evitar que la reparación del daño siga dominando la atención odontológica.

El argumento parte de un dato concreto: según el informe oficial de listas de espera No GES (listas de espera de prestaciones que no están bajo el régimen de Garantías Explícitas en Salud) con corte al 31 de diciembre de 2025, hay más de 500.000 registros esperando una consulta nueva de especialidad odontológica, lo que refleja la acumulación de daño por años de enfoque restaurador y rehabilitador. La columna de CIPER y el autor coinciden en que aumentar "más sillones" o derivaciones no es suficiente para cerrar esa brecha.

La pieza que complementa a CIPER resume la propuesta en una doble vía. Por un lado, mantener y ampliar intervenciones preventivas ya instaladas, como los programas públicos Sembrando Sonrisas y CERO, que actúan en la primera infancia y en acciones comunitarias preventivas. Por otro lado, intervenir los determinantes sociales y comerciales que condicionan decisiones de higiene, alimentación y uso de servicios. Entender la caries y otras enfermedades orales como problemas de "transmisión social" implica reconocer que no bastan las indicaciones individuales cuando las condiciones estructurales limitan su cumplimiento.

Ese segundo componente tiene respaldo de organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, señalan que la disponibilidad y promoción de azúcares libres son determinantes comerciales clave para las enfermedades orales, y recomiendan medidas poblacionales como reducción del consumo de azúcares, regulación de la publicidad dirigida a niñez y políticas fiscales que desalienten productos de alto contenido azucarado. Estas medidas no sustituyen la atención clínica, pero la complementan y pueden reducir la carga de enfermedad a mediano plazo.

Desde la perspectiva de gestión sanitaria, la prevención también es eficiencia económica. Mantener y escalar programas preventivos reduce demanda futura por tratamientos complejos y costosos, y contribuye a disminuir desigualdades en salud que hoy se ven reflejadas en las listas No GES. Para que esto ocurra, el autor enfatiza la necesidad de financiamiento sostenido, metas claras de cobertura, indicadores de resultado y coordinación intersectorial entre salud, educación y desarrollo social.

En la práctica, eso significa combinar continuidad en la atención primaria y programas escolares con políticas regulatorias sobre alimentos y publicidad, y con acciones sociales que mejoren condiciones de vida que faciliten el autocuidado. Si no se avanza en esa doble vía, la conclusión es simple: la lista de espera seguirá alta, los costos al sistema aumentarán y las brechas de acceso persistirán.

Las decisiones que tomen el Ministerio de Salud y los responsables de políticas públicas en los próximos meses definirán si la prevención deja de ser solo un diagnóstico correcto y se transforma en acción sostenida. Mientras tanto, la evidencia y la experiencia internacional ofrecen caminos concretos que Chile puede adaptar para reducir enfermedad, costos y desigualdad en salud bucal.