El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, emplazó a la oposición a respaldar el proyecto que amplía el plazo de detención de migrantes para ejecutar expulsiones administrativas. También le pidió apoyar el aumento de recursos para expulsiones en la Ley de Presupuestos 2027.
"Le pedimos a la oposición que ponga los votos donde pone las palabras", afirmó la autoridad, según informó CNN Chile. Agregó que esos sectores les han exigido mayor eficiencia en las expulsiones.
El llamado llega después del revés legislativo del 22 de septiembre. Ese día, la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional que buscaba extender el plazo. De acuerdo con BioBioChile, la iniciativa obtuvo 88 votos a favor, uno menos de los necesarios.
Tras la derrota, el Gobierno del presidente José Antonio Kast decidió insistir en el Senado. Según CNN Chile, al tratarse de un proyecto del Ejecutivo, puede volver a discutirse si cuenta con el apoyo de dos tercios del Senado. Una moción parlamentaria rechazada, en cambio, debe esperar un año para volver a tramitarse.
Hoy la ley permite mantener detenida a una persona notificada de expulsión por solo cinco días. Para Sauerbaum, ese plazo no alcanza. "Contar con solo cinco días para expulsar a migrantes irregulares notificados de expulsión no es sencillo", señaló.
El director detalló los pasos de cada caso. La Policía de Investigaciones (PDI) debe ubicar y notificar a la persona, detenerla y confirmar su documentación. Si no la tiene, hay que tramitarla con el consulado de su país. Luego se espera que ningún recurso judicial frene la medida y, por último, se compran los pasajes.
Sauerbaum vinculó el problema con el volumen heredado. Según dijo, el gobierno anterior dejó 46.000 decretos de expulsión pendientes. "Necesitamos tiempo para dar cumplimiento a lo que nos pidió el presidente Kast", sostuvo.
El segundo frente es el dinero. Sauerbaum afirmó que el presupuesto propuesto aumenta los recursos para expulsiones en más de un 190%. Según Migraciones, la partida pasa de $4.000 millones a $11.604 millones.
Las fuentes no recogen la respuesta de los parlamentarios de oposición a este emplazamiento. La discusión ahora se traslada al Senado, donde el Ejecutivo necesita dos tercios para reponer la reforma, mientras el Congreso tramita en paralelo el presupuesto de 2027.
