La reducción de la jornada a 42 horas semanales comenzará a regir en abril de 2026 en Chile, pero miles de trabajadores que emiten boletas de honorarios podrían quedar fuera de la protección formal, pese a desempeñar funciones similares a las de empleados contratados.

La norma aplica, en principio, solo a quienes están regidos por el Código del Trabajo. Eso deja fuera a quienes funcionan bajo boletas de honorarios, una figura frecuente en el sector público y privado. Según la Dirección de Presupuestos, al tercer trimestre de 2025 había 32.457 personas contratadas a honorarios en el Gobierno Central, equivalente al 6,1% del personal total.

El conflicto práctico surge cuando la relación laboral está encubierta. Si una persona emite boletas pero cumple horarios fijos, tiene jefatura directa y obligaciones permanentes, existe subordinación y dependencia. En esos casos, abogados laboralistas y dirigentes sindicales sostienen que la relación laboral puede ser reconocida.

Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, lo explica así: "Si existe subordinación y dependencia, es decir, si tienen jefe, horario y obligaciones permanentes, la ley laboral podría aplicarse igualmente, independiente de lo que diga el contrato".

¿Qué pueden hacer los trabajadores afectados? Pueden presentar denuncias ante la Dirección del Trabajo, solicitar fiscalizaciones y, si procede, demandar en tribunales laborales para que se reconozca la existencia de una relación laboral. De lograrse, el trabajador podría exigir derechos como vacaciones, cotizaciones previsionales y posibles indemnizaciones.

¿Qué implica esto para empleadores? Empresas y organismos que recurren a honorarios para funciones permanentes podrían enfrentar costos adicionales y pasivos laborales. Para el Estado, la regularización de plazas a honorarios significaría también un ajuste en gasto previsional y administrativo.

Históricamente, cambios en la jornada han impulsado relecturas del vínculo laboral. La transición a 42 horas forma parte del proceso hacia las 40 horas, y abre la puerta a litigios que a veces han definido jurisprudencia sobre contratación encubierta. Quien gane esos pleitos marcará un precedente con impacto en todo el mercado laboral.

Desde la perspectiva del trabajador común, el efecto más inmediato es la posibilidad real de acceder a protección social y estabilidad si su situación se reconoce como laboral. Para el conjunto de la sociedad, mayor formalización puede aumentar recaudación previsional y reducir la precariedad, pero también encarecer algunos servicios y contratos.

En ese contexto, expertos esperan un aumento de fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo y un alza de denuncias y demandas durante 2026. La tensión será entre quienes buscan mantener modelos de contratación flexible y quienes exigen que la realidad laboral refleje derechos y cargas sociales.

Para quienes trabajan a honorarios y creen estar en una situación de dependencia, la recomendación es reunir pruebas de horario, instrucciones, correos y registros de trabajo, y asesorarse con un abogado laboralista o un sindicato. Ese material será clave si se inicia una denuncia administrativa o una demanda judicial.

La entrada en vigencia en abril de 2026 no zanja el debate. Queda por ver cómo los tribunales y la Dirección del Trabajo interpretarán los límites entre prestación independiente y relación laboral, y qué efectos tendrán esas decisiones sobre las contrataciones en el sector público y privado.