Máximo Pávez, el nuevo subsecretario del Interior, informó la noche del lunes en La Moneda que "hoy comenzó el proceso de instalación del gobierno de emergencia" del presidente electo José Antonio Kast, tras sus primeras reuniones para preparar el traspaso. Pávez llegó a la Subsecretaría para reemplazar a Víctor Ramos, subsecretario saliente, y para asegurar la continuidad operativa del Ejecutivo en los días previos al cambio de mando.
En la jornada, dijo que pudieron instalarse en la Subsecretaría del Interior y que trabajaron en coordinación institucional en el marco de la ceremonia de transmisión del mando, que se realizará este miércoles. Pávez detalló encuentros con equipos técnicos y autoridades relevantes, entre ellos un diálogo con Alicia Cebrián, directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, para revisar protocolos ante la ceremonia y posibles emergencias. También sostuvo una reunión telemática con los futuros delegados presidenciales regionales para coordinar procedimientos de asunción.
Pávez precisó que, dentro de las prioridades del nuevo gobierno, estarán el plan Escudo Fronterizo y Desafío 90, iniciativas con foco en materias de seguridad, además de tareas vinculadas a la reconstrucción tras los incendios en la Región de Valparaíso y en la zona centro-sur del país. Según su diagnóstico, el gobierno de emergencia buscará enfrentar "la emergencia económica, la emergencia fiscal, la emergencia de la seguridad y, fundamentalmente, la emergencia social".
Históricamente en Chile, la invocación de medidas de carácter excepcional ha implicado el uso de estados de excepción constitucional y la concentración temporal de facultades para responder crisis, desde desastres naturales hasta episodios de orden público. En ese contexto, la instalación rápida de equipos técnicos y la revisión de protocolos son pasos habituales para asegurar la continuidad institucional, pero también plantean preguntas sobre el alcance de las facultades que se pretenden ejercer y las salvaguardias para las libertades públicas.
Quienes ganan con este énfasis inicial son las áreas de seguridad y gestión de emergencias, así como las instituciones que recibirán mandato directo para operar en territorios afectados. Quienes podrían perder son los ciudadanos si la respuesta prioriza el orden por sobre garantías civiles, o si la carga fiscal de medidas de emergencia reduce recursos para políticas sociales. El impacto concreto dependerá de las decisiones que adopte el gabinete del presidente electo y de cómo se instrumenten las medidas anunciadas.
En los próximos días, la agenda inmediata pasará por la ceremonia de cambio de mando y por la formalización de las responsabilidades de los equipos nombrados por Kast. La coordinación entre la Subsecretaría del Interior, Senapred y los delegados regionales será clave para asegurar normalidad institucional y para definir si las medidas anunciadas se traducen en decretos, estados de excepción o en planes operativos de corto plazo.
