El 20 de mayo, la Contraloría General de la República publicó su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), y a partir de esos datos la Superintendencia de Seguridad Social, Suseso, respondió por Ley de Transparencia entregando detalle sobre licencias médicas de funcionarios que coincidieron con viajes al exterior. Según ambos documentos, entre 2023 y 2024 hubo 25.079 funcionarios que registraron un total de 35.585 licencias, con un promedio de reposo consignado de 17,7 días y un promedio finalmente autorizado de 16,5 días.
La información entregada por Suseso muestra además que de las 35.585 licencias, la mayoría —19.369— fueron por diagnósticos de trastornos mentales, lo que equivale al 54% del total. En cuanto al financiamiento, el 69% de las licencias corresponde a beneficiarios de Fonasa, el fondo público de salud, y el 31% a beneficiarios de isapres, las instituciones de salud previsional privadas.
Hay diferencias según el tipo de seguro. Entre los 17.181 trabajadores afiliados a Fonasa que viajaron al exterior se registraron 24.588 licencias, con 18,2 días promedio consignados y 17,3 días promedio autorizados. En tanto, los 7.898 trabajadores afiliados a isapres acumularon 10.997 licencias, con 16,5 días promedio consignados y 14,5 días promedio autorizados.
Suseso advirtió que los datos no permiten determinar cuántos días de una licencia se usaron específicamente para viajar ni la duración de los viajes. La información considera licencias cuyo período de reposo coincidió con alguna entrada o salida del país, pero no especifica si la persona salió por uno, varios o todos los días del reposo.
La economista Soledad Hormazábal, de la consultora Horizontal, calculó sobre esos registros un gasto aproximado en Subsidio de Incapacidad Laboral, SIL, de $25.035 millones (alrededor de US$28 millones). El documento de origen citado en la nota original queda incompleto en su remate y no presenta allí un desglose adicional del gasto; por tanto, no hay información pública en la entrega de Suseso sobre cómo se reparte ese monto entre Fonasa e isapres.
Estos hallazgos, que la Contraloría señaló en su CIC y que Suseso detalló mediante transparencia, abren preguntas sobre los controles internos en los servicios públicos y la fiscalización de licencias médicas cuando coinciden con viajes al exterior. Las autoridades competentes, incluyendo la Contraloría y los organismos de salud, podrían anunciar medidas de verificación o cambios administrativos para aclarar responsabilidades y evitar posible mala utilización de subsidios, pero hasta ahora en los documentos revisados no se describen acciones concretas adicionales.
