Tras la apertura oficial de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente argentino Javier Milei confirmó que esta semana definirá cuáles de las iniciativas que pidió al Ejecutivo enviará al Parlamento y retomará las gestiones políticas con los gobernadores para asegurar apoyos.

El mandatario pidió a cada ministerio que le acerque propuestas, en lo que el gobierno describe como la preparación de un paquete mayor. En total, el Ejecutivo trabaja con un conjunto de proyectos que, según el propio equipo, suma cerca de 90 proyectos. La instrucción fue que cada cartera presente alrededor de 10 propuestas por ministerio, muchas ya con la idea pero pendientes de redacción final.

En el primer día de trabajo formal, el Senado remitió a la Cámara de Diputados el texto con modificaciones a la ley de Glaciares, norma que ya había obtenido media sanción. Ese expediente aparece como uno de los primeros debates en el calendario, aunque aún no hay fecha oficial para su tratamiento, según fuentes del bloque La Libertad Avanza.

Para planificar la estrategia será clave el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya retomará las reuniones con gobernadores destinadas a conseguir los votos necesarios, como hizo durante las tramitaciones previas. Desde su entorno señalaron que "Arranca el 15 de marzo nuevamente, una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias".

No todos los ministerios han terminado la redacción de los proyectos. Fuentes oficiales admiten que varios aún están en etapa de elaboración, sin una fecha límite formal, aunque existe urgencia política dentro del gabinete para acelerar los envíos.

Parte de estas iniciativas provienen del llamado Consejo de Mayo, un organismo multisectorial que trabajó bajo la coordinación del jefe de Gabinete, primero Guillermo Francos y luego Manuel Adorni. En la mesa participaron, entre otros, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, senadora; Cristian Ritondo, diputado; Martín Rapallini, por la Unión Industrial Argentina, UIA; y Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA.

Contexto histórico: en la política argentina, la negociación con gobernadores es un mecanismo recurrente para aprobar reformas de alto impacto. Presidencias previas también articularon apoyos provinciales para sacar adelante cambios complejos, lo que convierte a las provincias en actores clave y en moneda de cambio política.

Quién gana y quién pierde, y cómo afecta al ciudadano. Gana Milei en la medida que logre consolidar una agenda clara y vencer resistencias legislativas; ganan también gobernadores que logren extraer beneficios o recursos a cambio de su respaldo. Pierden sectores que queden fuera de la negociación o que enfrenten cambios regulatorios sin representación. Para la ciudadanía común, el efecto será concreto si los proyectos alteran servicios públicos, derechos laborales o impuestos; por ahora el contenido final de la mayoría de las iniciativas no está publicado, por lo que el impacto real para familias y empresas aún es incierto.

Los próximos pasos son administrativos y políticos: el Gobierno definirá esta semana qué proyectos prioriza, Santilli intensificará la ronda con gobernadores y el Congreso comenzará a recibir y calendarizar iniciativas. La tensión política seguirá alta, por la polarización que Milei elevó en la apertura de sesiones contra el kirchnerismo, y por la presión temporal del Ejecutivo para convertir ideas en leyes mientras avanza su calendario legislativo.