Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios UA, plantea en una columna que Chile probablemente llegó a un punto en que hay que reconocer límites fiscales y ajustar el gasto público. La columna no incluye fecha de publicación en el material recibido.

Partió por lo básico: la palabra economía viene del griego oikonomos, que alude a la administración de la casa. Esa analogía sirve para entender el núcleo del argumento. En los hogares chilenos hay quienes «estiran el billete» para llegar a fin de mes, y eso no es magia: es gestionar recursos escasos frente a necesidades múltiples.

La idea central es la de la restricción presupuestaria, que quiere decir, en palabras simples, que los gastos no pueden ser mayores que los ingresos de manera sostenida. Esto vale para una familia, y también para el Estado de Chile. Cuando los ingresos no alcanzan, se pueden vender muebles o liquidar activos, pero eso es una solución temporal y costosa, como vender la heladera cuando faltan alimentos.

Montero retoma una frase brutalmente clara: "en algún momento vamos a tener que decir, simplemente, que no hay plata". Esa frase, además de directa, obliga a pensar en prioridades. Ajustar el gasto no es solo recortar por recortar, es reordenar quién recibe qué y cómo se protegen las funciones básicas del Estado.

Otro principio que menciona es el de los incentivos. En economía, un incentivo es lo que motiva a una persona o empresa a actuar de cierta forma. Si quieres que alguien ahorre, reduzcas impuestos a los ahorros o pagas mejor por ahorrar; si quieres que una empresa invierta, entregas señales claras de estabilidad y retornos esperados. Hoy el desafío, según Montero, es ubicar bien esos incentivos para que las empresas vuelvan a invertir con determinación.

El impacto directo para la gente es doble. A corto plazo, ajustar gasto puede implicar menos programas o transferencias, lo que se siente en el bolsillo. A mediano y largo plazo, si no se ordena la casa fiscal, la consecuencia puede ser menor inversión privada y menor crecimiento, algo que termina afectando empleo y salarios. Por eso el autor advierte que no alcanza con echar la culpa solo a los ingresos; hay que combinar ajuste y políticas que apunten a aumentar ingresos futuros mediante crecimiento sostenible.

La perspectiva que queda es práctica: reconocer la escasez actual, priorizar el gasto público, y diseñar incentivos que restauren la confianza privada sin destruir funciones sociales esenciales. No hay receta única: las decisiones pendientes son políticas y técnicas, y su éxito dependerá de cómo se comuniquen y de si evitan medidas desesperadas, como liquidar activos críticos. En todo caso, Montero sugiere que el debate ya no es teórico, es sobre elegir qué se cuida hoy para poder tener recursos mañana.