A horas de que la Comisión de Educación del Senado retomara la discusión, la senadora Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana y representante por la Región de Atacama, anunció este martes que no respaldará las indicaciones que pretende presentar el Ejecutivo para despachar el proyecto de sala cuna en el actual periodo legislativo. La decisión añade una dificultad clave para el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Provoste endureció el tono frente al calendario acotado y al modo en que se ha planteado la tramitación. "Más allá de este voluntarismo de última hora del gobierno, en el tema sala cuna, creo que debemos cautelar que se legisle en serio", dijo la senadora, cuestionando que las propuestas se hayan comunicado por la prensa y no por un plazo formal abierto en la Cámara Alta.

La senadora por Atacama reclamó además que tras años de espera no llegaron indicaciones que mejoraran la ley, y pidió condiciones claras: un diseño legislativo con altura de miras, garantía de la calidad de la educación inicial y un financiamiento sustentable. Sin esos elementos, afirmó, ve difícil avanzar en la materia.

En los pasillos del Senado algunos parlamentarios señalan que el documento que circula como indicación del Ejecutivo sería apenas un borrador, ya que el plazo para presentar observaciones se cerró en noviembre. Fuentes consultadas por este medio indicaron que podría abrirse un nuevo plazo, lo que dejaría la tramitación en un estado de incertidumbre.

La bancada de oposición advirtió de antemano que si la versión final no incorpora las demandas que negociaron, rechazarán la iniciativa. En paralelo, desde La Moneda se señaló que no tendrían inconveniente en que la medida continúe su trámite después del 11 de marzo, fecha en que asumirá otro Congreso y el eventual gobierno de José Antonio Kast, posición que, de concretarse, trasladaría la decisión a una nueva correlación de fuerzas.

La disputa política sobre el proyecto excede la urgencia administrativa. El debate, que enfrenta la necesidad de ampliar la cobertura de educación inicial con la exigencia de calidad y sostenibilidad financiera, muestra cómo una política de cuidados se transforma en espejo de prioridades públicas y de negociación parlamentaria. Si el Gobierno no logra articular indicaciones que concilien esos puntos, el despacho en este periodo se ve cada vez más improbable, y el asunto podría quedar en manos de la próxima legislatura.