La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cerró las investigaciones por el mega apagón del 25 de febrero de 2025 y aplicó multas a empresas del sistema eléctrico, en lo que las autoridades describen como el fin de uno de los principales efectos regulatorios del evento. El corte dejó sin suministro al 98,5% de los clientes entre las regiones de Arica y Los Lagos, y obligó a una revisión amplia del funcionamiento del sistema.

El biministro de Energía y de Economía, Álvaro García, valoró públicamente las medidas adoptadas por la SEC y destacó que el procedimiento se condujo con “estrictos criterios técnicos y con amplios antecedentes recolectados”. “A casi un año del apagón, observamos que la institucionalidad funciona”, dijo García, aludiendo al cierre de las indagaciones y a la determinación de responsabilidades.

García enfatizó que el cierre de las investigaciones permite avanzar en las decisiones pendientes del Ministerio de Energía, entre ellas los procesos sancionatorios y las medidas en materia tarifaria. Según el secretario de Estado, esas resoluciones son parte de un paquete mayor para limitar las consecuencias regulatorias del evento y otorgar certezas a consumidores y empresas.

El biministro también reconoció que las sanciones impuestas por la SEC pueden ser impugnadas ante instancias judiciales por las compañías afectadas. “Entendemos que las sanciones pueden ser reclamadas en instancia judicial por parte de los involucrados”, dijo, y agregó que el Gobierno espera que este capítulo se cierre “de la mejor manera y lo más pronto posible”.

En materia técnica y de políticas públicas, García reivindicó las medidas impulsadas tras el apagón para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico. Señaló que la Ley de Transición Energética ha contribuido a mejorar la calidad y seguridad del suministro, y resaltó el trabajo conjunto con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), una organización internacional que asesora en estándares y buenas prácticas del sector.

La posición del Ejecutivo cierra una etapa administrativa, pero abre otra en lo judicial y en la fiscalización: las empresas sancionadas pueden recurrir las multas, lo que podría prolongar los procesos y exigir nuevas evaluaciones técnicas. Para los consumidores, el cierre de las investigaciones debería traducirse en avance sobre medidas tarifarias y mecanismos de reparación, aunque los detalles y plazos dependerán de decisiones futuras del Ministerio de Energía y de los tribunales.

Fuentes consultadas en el Ministerio de Energía y en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles confirmaron el cierre de las causas y la aplicación de sanciones, mientras que la SEC deberá publicar los fundamentos técnicos que soportan cada multa. Por ahora, el caso avanza desde la vía administrativa hacia eventuales recursos judiciales, y el Gobierno sitúa la acción como evidencia de que las instituciones reguladoras respondieron al mayor apagón de la historia reciente del país.