Ricardo Rincón, abogado y ex presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, plantea que el sistema penitenciario chileno exige una reforma estructural y un pacto nacional. Señala una población de más de 62.000 internos, costos cercanos al millón de pesos mensuales por preso y un modelo que, según él, ya no cumple sanción, reinserción ni seguridad.
En su columna, Rincón propone levantar infraestructura penitenciaria de alta tecnología en el desierto, mediante concesiones nacionales e internacionales y con segregación por peligrosidad. Argumenta que esa alternativa permitiría terminar con el hacinamiento, reducir la reincidencia —que cifra en 60%— y cambiar el gasto fiscal por inversión en productividad.
El autor apunta a un gran pacto entre el Estado, las iglesias, el empresariado y la prensa. Describe roles concretos: que el Estado asegure cumplimiento penal efectivo, separación por perfil criminológico y condiciones dignas; que la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas aporten acompañamiento espiritual institucionalizado; y que el empresariado desarrolle unidades productivas intramuros y ofrezca cupos laborales reales a egresados.
Para atraer a la empresa privada, Rincón enumera incentivos: beneficios tributarios, depreciación acelerada de inversiones, prioridad en compras públicas, garantías parciales de riesgo y acceso preferente a programas de fomento productivo. En el texto original, la propuesta sobre el trabajo obligatorio aparece como "bien estructurado, remunerado y con cotizaciones cu" y queda incompleta, por lo que no se dispone de la redacción final sobre cotizaciones.
Históricamente, las políticas penitenciarias en Chile han alternado entre expansión de plazas y programas de reinserción con resultados mixtos. En ese contexto, la propuesta retoma un debate clásico: si ampliar capacidad física y atraer privados mejora la seguridad y la reinserción, o si corre el riesgo de privatizar funciones estatales esenciales y afectar derechos.
Quien ganaría con la propuesta son el Estado si logra reducir la criminalidad y los costos asociados, Gendarmería de Chile si recibe alivio operativo, y empresas que obtengan incentivos y acceso a mano de obra. Podrían perder organizaciones de derechos humanos y sectores críticos de la privatización penitenciaria, si consideran que la segregación por peligrosidad y el modelo concesionado vulneran garantías básicas.
Para el ciudadano común, el impacto esperado es doble: menos hacinamiento y potencialmente menos delitos si la reinserción funciona; pero también riesgos de opacidad en contratos, dependencia de incentivos fiscales y desigualdades si no hay supervisión pública rigurosa.
La viabilidad política exige un acuerdo que trascienda gobiernos, ajustes legales, controles transparentes y evaluación independiente del modelo concesionado. Sin esos elementos, la propuesta puede quedarse en letra grande y no reducir ni el costo fiscal ni la reincidencia que Rincón denuncia.
