Un grupo de diez diputados de distintos sectores políticos presentó este miércoles un proyecto de reforma constitucional que busca frenar el uso político de las acusaciones constitucionales (AC). La iniciativa propone exigir un mínimo de 20 firmas parlamentarias para interponerlas, una cifra mayor al umbral vigente.

Los promotores representan un abanico amplio del espectro político: Diego Schalper y Luis Pardo, de Renovación Nacional (RN); Guillermo Ramírez, de la Unión Demócrata Independiente (UDI); Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS); Gael Yeomans, del Frente Amplio (FA); Raúl Leiva, del Partido Socialista (PS); Jorge Guzmán, de Evolución Política (EVO); Joanna Pérez, independiente; Carlos Cuadrado, del Partido por la Democracia (PPD), y Alejandro Bernales, de los Liberales (LIB).

Esa diversidad política es parte del argumento. Los parlamentarios sostienen que la acusación constitucional, concebida como mecanismo de última ratio para situaciones graves, se ha degradado hasta convertirse en un instrumento de confrontación cotidiana. "Cuando la acusación constitucional deja de ser una excepción y pasa a convertirse en una herramienta habitual de confrontación entre oficialismo y oposición, se generan incentivos que debilitan la estabilidad institucional", señala el texto del proyecto.

El diagnóstico tiene respaldo histórico. Desde el retorno a la democracia, las AC se han usado con distinta intensidad, pero en los últimos años su frecuencia aumentó de forma notable. Se han presentado contra ministros, subsecretarios e incluso generales de Carabineros de Chile. Para los firmantes, esa normalización compromete el funcionamiento de la administración pública y erosiona el prestigio del Congreso Nacional.

La propuesta sustituye el artículo 52, número 2, de la Constitución Política de la República. El nuevo texto fija en 20 los diputados que deben suscribir una acusación para que esta sea tramitada. Las causales se mantienen: comprometer el honor o la seguridad de la Nación, infringir abiertamente la Constitución o las leyes, o incurrir en delitos de traición, concusión y malversación.

Para el Presidente de la República, el proyecto mantiene la regla vigente: puede ser acusado mientras ejerza el cargo y hasta seis meses después de dejar la presidencia. Durante ese período, no puede salir del país sin autorización de la Cámara de Diputados.

El proyecto ingresó este miércoles a la Cámara y deberá ser revisado por la comisión de constitución antes de llegar a la sala. Al tratarse de una reforma a la Carta Fundamental, requiere quórum especial para ser aprobada.