La noche en que debía limarse la transición hacia el 11 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast anunció la suspensión de las reuniones bilaterales de traspaso de mando con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, tras una tensa cita que ambos calificaron como irregular. La decisión, comunicada por Kast como respuesta a lo que calificó de falta de información, dejó en suspenso un proceso protocolar y marcó un quiebre político de alto voltaje.

Kast, presidente electo chileno, dijo que en la conversación telefónica del 18 de febrero Boric “esbozó” la situación del proyecto del cable submarino transpacífico y las presiones de Estados Unidos, pero que en las bilaterales previas no se entregaron los detalles técnicos y estratégicos necesarios. A esa crítica añadió acusaciones sobre una supuesta falta de transparencia fiscal y la existencia de "amarres" de funcionarios de confianza en cargos de planta. "Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando", declaró Kast, y anunció la creación de una fuerza de tarea administrativa para auditar al gobierno saliente.

La reacción política fue inmediata y polarizada. Desde el Partido Nacional Libertario, el respaldo fue mayoritario: Johannes Kaiser, diputado chileno del Partido Nacional Libertario, sostuvo que “la credibilidad del Presidente está bastante agotada” y cuestionó la versión oficial. Gloria Naveillán, militante del Partido Nacional Libertario, justificó el quiebre señalando que no tenía sentido seguir en reuniones si la información era posiblemente falsa. Cristián Labbé, militante del mismo partido, defendió el derecho de Kast a retirarse de una bilateral.

No obstante, hubo voces que no acompañaron el cierre total. Ximena Ossandón, diputada chilena, advirtió que "no es procedente condicionar una reunión con el actual Presidente de la República exigiendo que se retracte de sus dichos", señalando un distanciamiento crítico dentro del mismo espectro de derecha.

Desde el oficialismo la respuesta fue dura y concentrada en poner en cuestión la legitimidad política del gesto. La suspensión alimentó una ofensiva comunicacional que, además de criticar la forma, interpretó la medida como una fractura institucional que tensiona la normalidad del traspaso. En el Congreso se reflejó esa polarización en declaraciones y pedidos de informes.

Esta controversia se enmarca en un interés público mayor sobre el proyecto del cable submarino transpacífico y las relaciones con China. Según una encuesta Cadem, la aprobación de Gabriel Boric ascendía al 37%, y el tema del cable ha concentrado atención y división sobre socios estratégicos. La Moneda ha negado que exista un ocultamiento respecto al proyecto con China Mobile, afirmando que estaba en una fase inicial, mientras que la cronología y la entrega de antecedentes siguen siendo un punto de disputa entre las partes.

El quiebre abre preguntas prácticas y políticas: cómo se reestablecerá la coordinación entre equipos técnicos, qué alcance tendrá la auditoría anunciada por Kast, y si el proceso de entrega institucional llegará intacto al 11 de marzo. En lo inmediato, la decisión ya dejó una herida política que obliga a los partidos y al propio Congreso a jugar un rol clave para evitar que la transición derive en un choque institucional mayor.