Una investigación conjunta de PIJ Malawi, Finance Uncovered y The Continent, socios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), concluye que entidades vinculadas al Estado chino pasaron a controlar mayoritariamente un proyecto minero estratégico en Malawi sin que las autoridades locales hubieran sido notificadas.

El proyecto es Mawei Mining Company Ltd., titular de una concesión de arenas minerales pesadas cerca de Makanjira, en las orillas del lago Malawi. La zona contiene, según el reportaje, más de 350 millones de toneladas de mineral con zirconio, titanio y monacita, esta última una fuente de tierras raras. La licencia fue otorgada a fines de 2017, pero la explotación está mayormente paralizada y las comunidades locales dicen que no han visto las promesas de empleo e infraestructura.

La pesquisa detalla que la empresa matriz, Xinjin International Company Ltd., registrada en las Islas Vírgenes Británicas, cambió de dueños dos veces entre 2023 y 2025. Al final, el control pasó a dos entidades con vínculos estatales chinos: Shandong Zhaojin Ruining Mining Industries Co. y Hainan International Resources, esta última descrita como una empresa estatal regional. Bajo la ley malawiana, cualquier cambio en la propiedad beneficiaria debe ser notificado y aprobado por el Ministerio de Minería, una exigencia pensada para proteger activos nacionales. Funcionarios de Malawi admitieron que desconocían las transferencias.

En respuesta al reportaje, el gobierno de Lilongwe inició una investigación oficial sobre las variaciones de propiedad y el cumplimiento de la normativa minera, y el ministerio advirtió que podría imponer multas o sanciones administrativas. Organizaciones de la sociedad civil advierten que el caso evidencia fallas más amplias en la gobernanza del sector, entre ellas la limitada capacidad regulatoria y la opacidad en estructuras societarias. “Esto es extracción de mineral sin supervisión”, dijo Joy Chabwera, directora de programas de la Natural Resources Justice Network, una coalición de grupos malawianos.

En términos geopolíticos, el episodio encaja en debates globales sobre control de recursos estratégicos, transparencia y soberanía en un mundo más multipolar, donde empresas con vínculos estatales usan a veces estructuras offshore para operar en terceros países. Aunque la investigación no afirma mala praxis judicial específica más allá de la falta de notificación, obliga a repensar controles cuando están en juego minerales críticos para tecnologías limpias y defensa.

Qué importa para Chile y América Latina: aunque Malawi y Chile están a kilómetros de distancia, la lección es directa para nuestra minería. Chile, principal productor mundial de cobre y con un sector minero clave para la economía, enfrenta desafíos similares en materia de transparencia y fiscalización sobre inversiones extranjeras, incluidas las vinculadas a China. El caso malawiano subraya la necesidad de exigir claridad sobre el beneficiario final de inversiones, fortalecer la fiscalización de permisos y cambios de control por parte del Ministerio de Minería y organismos ambientales, y asegurar que los contratos incluyan salvaguardas para beneficios locales.

Por ahora, el proceso en Malawi sigue en curso y su resultado es incierto. El caso será observado por gobiernos y comunidades que buscan equilibrar la atracción de inversión con el control soberano sobre recursos estratégicos.