El Ministerio de Minería remitió a la Contraloría General de la República, CGR, el decreto supremo que establece los requisitos y condiciones del Contrato Especial de Operación de Litio, CEOL, para el proyecto Laguna Verde. La medida forma parte de la Estrategia Nacional del Litio y busca otorgar seguridad jurídica para avanzar en inversiones en el norte del país.
Con este envío, la cartera acumula 10 decretos en tramitación en la CGR que, según el ministerio, habilitarán proyectos en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Entre los proyectos mencionados están el Salar de Ascotán, Salar de Ollagüe, Quillagua Norte y Este, Planta El Águila y Laguna Verde, además de futuros procesos de licitación en los Salares Agua Amarga y Piedra Parada, y los sectores Quillagua Sur e Hilaricos.
Los actores privados que el ministerio citó incluyen al consorcio Codelco Quiborax, el consorcio de Wealth Minerals con Coal India Limited a través de la filial Kuska Minerals, Llamara Group, y un consorcio liderado mayoritariamente por CleanTech Lithium, responsable del proyecto en Laguna Verde. El envío del decreto busca normar la forma en que estos privados operarán bajo el CEOL y cómo se articulará la participación estatal.
La ministra de Minería, Aurora Williams, valoró la entrada de nuevos actores y dijo "esta industria requiere de profundización y continuidad del camino ya recorrido, para acelerar la maduración de proyectos y capacidades". Williams enfatizó la intención de asegurar la participación del Estado, incentivar desarrollo tecnológico, resguardar el entorno y distribuir recursos a territorios, gobiernos regionales y municipios.
Históricamente, Chile ha buscado pasar de exportar mineral sin valor agregado a capturar más beneficios de la cadena del litio. En ese contexto, el CEOL es una herramienta para regular operaciones, compatibilizar intereses estatales y privados, y dar un marco legal para atraer inversión. Quien gana con el avance es, por ahora, el sector privado que obtiene mayor certeza regulatoria y los gobiernos locales que podrían recibir recursos; potencialmente gana también el Estado si logra más valor agregado y recaudos. Pierden quienes temen que la expansión mine ra afecte ecosistemas y comunidades locales, y quienes exigen mayor control estatal si el diseño final del CEOL abre espacios a operadores privados sin restricciones claras.
Quedan preguntas abiertas. La Contraloría debe revisar el decreto y emitir pronunciamiento, plazo que no fue detallado por el ministerio. Además, faltan reglas concretas sobre fiscalización ambiental, repartición de beneficios y mecanismos de legitimidad territorial que suelen ser determinantes en proyectos de salares.
El próximo paso formal es el pronunciamiento de la CGR y la posterior adjudicación o habilitación operativa de los proyectos que cumplan los requisitos del CEOL. En lo práctico, la tramitación marca un avance decisivo en la Estrategia Nacional del Litio, pero la materialización de beneficios para las regiones depende ahora de la calidad del texto final, la fiscalización estatal y la respuesta de las comunidades afectadas.
