El Ministerio de Minería publicó un decreto que fija las condiciones del Contrato Especial de Operación de Litio CEOL para suscribirlo con Quiborax S.A. Este acuerdo, que se desarrollará en la planta El Águila de Arica, busca extraer litio contenido en residuos históricos y convertirlo en litio en forma de Carbonato de Litio Equivalente LCE, sigla en inglés. Arica, ciudad portuaria del norte de Chile, a la cabeza de este proyecto, podría convertirse en un nuevo polo de recuperación de litio sin cavar nuevos bolsillos del desierto, gracias a una iniciativa que propone aprovechar ripios acumulados en operaciones históricas vinculadas al Salar de Surire.
El decreto detalla que el CEOL estará vigente hasta que se procese y comercialice un máximo de 20 mil toneladas de LCE o hasta el 31 de diciembre de 2046, lo que ocurra primero. En el texto se subraya la necesidad de contemplar tiempos razonables para un proyecto de esta escala y, al mismo tiempo, la prioridad de recuperar el litio acumulado históricamente en el botadero de la planta El Águila.
La iniciativa se estructurará en cuatro fases de desarrollo: evaluación, construcción, procesamiento y cierre de faena. Durante la fase de evaluación, con una duración máxima de dos años prorrogables por un año adicional, Quiborax deberá determinar reservas efectivas, verificar la factibilidad técnica y económica y tramitar los permisos ambientales y sectoriales necesarios. Le seguirá una etapa de construcción de hasta tres años prorrogables, seguida de la etapa de procesamiento y, finalmente, el cierre de la faena conforme a la normativa vigente.
Entre los hitos técnicos, el decreto confirma la incorporación de tecnologías de extracción directa para extraer litio desde estos residuos y establece que el contrato incluirá regalías por alrededor del 50%. En paralelo, se indica una inversión máxima de US$ 70 millones para la ejecución del proyecto. En síntesis, la iniciativa representa un paso concreto para aprovechar residuos mineros históricos y, dependiendo de la ejecución, podría aportar un nuevo volumen de litio al mercado chileno sin necesidad de abrir nuevas explotaciones en el desierto.
A nivel práctico, este movimiento podría influir en la dinámica de la cadena de suministro del litio en Chile al diversificar las fuentes de producción y generar un marco regulatorio para proyectos similares. Si se cumplen los plazos y permisos ambientales, Arica podría ver un incremento en actividad industrial vinculada a la gestión de residuos mineros y al desarrollo tecnológico de la minería. En el plano comunitario, la experiencia de implementación y las regalías asociadas serán claves para entender si el proyecto se traduce en beneficios locales sostenibles. Por ahora, el decreto marca un nuevo hito en la estrategia nacional del litio y su aplicación en residuos, con un foco claro en la reducción de impacto ambiental y en la eficiencia de recursos disponibles.