El 3 de marzo el Congreso de la República de Colombia recibió el informe de ponencia para el primer debate del Proyecto de Ley 468 de 2025, que plantea sustituir el impuesto al valor agregado, IVA, por un impuesto único al consumo. El texto será discutido en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes a partir del 16 de marzo, una semana después de las elecciones legislativas del 8 de marzo.

El proyecto propone eliminar el IVA, creado en 1963 con una tarifa inicial del 3%, y que hoy se aplica con una tasa mucho mayor. Según el documento presentado en el Congreso, el IVA evolucionó hasta el nivel actual y actualmente aporta cerca de la mitad del recaudo nacional. La iniciativa plantea reemplazar esa estructura por un impuesto único al consumo con una tasa más baja, y destinar parte del nuevo recaudo a salud y educación, con énfasis en fortalecer la educación superior pública.

Los promotores argumentan que el sistema vigente es complejo y regresivo. Wilmer Guerrero Avendaño, representante a la Cámara de Colombia y uno de los ponentes del proyecto, dijo a Portafolio que "el modelo actual del IVA ha generado un desgaste de la eficiencia del sector productivo y un detrimento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos con menores ingresos". En el informe se critica además el mecanismo de impuestos descontables, es decir, los créditos tributarios que permiten a las empresas restar el IVA pagado en sus compras, que según los promotores favorecen de manera desproporcionada a las grandes empresas.

El texto cita que esos descuentos fueron aprovechados mayoritariamente por las compañías de mayores ingresos, con una concentración alta entre las diez empresas con mayores ingresos brutos en 2023. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, el documento señala barreras operativas para acceder a esos beneficios. En Colombia las mipymes constituyen 95,8% del tejido empresarial, por lo que los legisladores sostienen que una simplificación podría mejorar equidad y cumplimiento fiscal.

En términos de tarifas, el proyecto plantea eliminar la tasa vigente de 19% y establecer un impuesto único al consumo de 8%. Esa diferencia, bajar de 19% a 8%, es equivalente a reducir la carga nominal a menos de la mitad, por lo que la discusión técnica se centrará en cómo cambiaría el recaudo, qué bienes y servicios quedarían gravados y si habrá compensaciones para mantener la salud fiscal del país. El propio documento no entrega en este punto estimaciones fiscales detalladas públicamente vinculantes, por lo que falta ver proyecciones oficiales sobre el efecto en ingresos, precios y distribución del impuesto.

Para un lector en Chile, donde el IVA también es del 19%, la propuesta colombiana representa un experimento fiscal relevante en la región: implica mover un tributo que hoy financia una porción grande del gasto público hacia un esquema más simple y con menor tasa, mientras se busca reasignar recursos a áreas sociales. El debate en la Comisión Tercera incluirá además audiencias técnicas y, probablemente, enmiendas que modifiquen el alcance original.

La aprobación final aún está lejos: el proyecto debe superar el primer debate, el resto del trámite en la Cámara y luego el Senado, y requerirá cálculos económicos precisos para evaluar su sostenibilidad. Los próximos pasos clave son las sesiones en la Comisión Tercera desde el 16 de marzo y la publicación de simulaciones del impacto fiscal y distributivo, que permitirán medir si la propuesta cumple lo que promete, y cómo afectaría precios, empresas y el bolsillo de los ciudadanos.