El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, condenó este viernes la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar su visa y la de otros dos funcionarios del Ejecutivo de Gabriel Boric por su vinculación con el proyecto “Chile China Express”. La medida fue anunciada como una sanción por presuntas acciones relacionadas con un cable submarino que comunicaría Valparaíso con Hong Kong.
La notificación estadounidense señala que Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones y el jefe de gabinete del ministerio fueron acusados de “dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional de nuestro hemisferio”, según el comunicado que refirió la administración norteamericana.
El punto de fricción es un proyecto impulsado por la empresa China Mobile que propone tender un cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, iniciativa que, de concretarse, competiría por capacidad de transmisión con un tendido adjudicado previamente a Google. En conversación con T13 Radio, Muñoz dijo que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, le había advertido con antelación sobre las posibles consecuencias de avanzar con el proyecto. Brandon Judd es el representante diplomático de Estados Unidos en Santiago.
Muñoz sostuvo que su gobierno ha recibido las observaciones de la administración estadounidense y que las ha puesto a disposición para el análisis correspondiente. Al mismo tiempo defendió la capacidad de las instituciones chilenas para evaluar iniciativas de este tipo y recordó que existen normas y legislación en materia de telecomunicaciones, confidencialidad de datos y ciberseguridad que determinan si un proyecto puede avanzar.
Sobre las críticas expresadas por Washington —que acusaron a los funcionarios chilenos de “socavar la seguridad regional”—, Muñoz calificó las imputaciones como "inauditas" y enfatizó: "La verdad es que a mí no me cae ninguno de esos calificativos. Ni uno". Además dijo que la sanción le parece "bastante injustificada", "arbitraria" y que, en su opinión, atenta contra la soberanía de nuestro país.
Hasta ahora el gobierno no ha entregado una decisión final sobre el proyecto y las autoridades han señalado que seguirán un proceso técnico y jurídico para evaluar los antecedentes. No está claro —según lo informado públicamente— si la medida estadounidense tendrá consecuencias adicionales en la relación bilateral o en el avance administrativo del proyecto. El caso abre un debate sobre la intersección entre seguridad internacional, inversión extranjera en infraestructura crítica y la autonomía de los procesos regulatorios chilenos.
