Uber expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Transportes publique el reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT) en los últimos días de la actual administración, señalando que la norma podría entrar en vigencia sin la plataforma tecnológica necesaria y afectar a conductores y usuarios.

El 6 de febrero el Ministerio de Transportes adjudicó a Arkhotech SpA el desarrollo de la plataforma que debe recepcionar y administrar los datos exigidos por la ley, incluida la inscripción de conductores. Según las bases del proceso, el proveedor tendrá al menos seis meses para desarrollar y probar el sistema; sin embargo, una vez publicado el reglamento la normativa comenzaría a regir en 30 días, lo que, según Uber, podría dejar la ley en vigor sin un sistema operativo.

La compañía explicó que durante 2025 más de 250.000 personas generaron ingresos a través de la aplicación. Solo el proceso de inscripción obliga a cada conductor a presentar al menos ocho documentos, lo que implicaría la validación de hasta dos millones de antecedentes en un plazo acotado. "Es una irresponsabilidad tratar de hacer en tres semanas lo que no se hizo en tres años. La entrada en vigencia de la Ley EAT sin una plataforma desarrollada es técnicamente inviable y puede dejar a miles de conductores sin un mecanismo claro de registro, impactando hasta en un 1,8% del empleo nacional", dijo Federico Prada, gerente general de Uber en Chile.

Uber advirtió además que la implementación incluye integraciones tecnológicas y el despliegue de un sistema de fiscalización. Tras un año de vigencia, la ley exige que los conductores cuenten con licencia profesional, requisito que, según la empresa, podría dejar fuera a más del 70% si no se aplica una transición gradual. Si el reglamento se publicara antes del 11 de marzo, el nuevo gobierno debería asumir la implementación a pocos días de iniciar su mandato.

Este episodio abre un debate práctico y político. En la implementación de normas tecnológicas, el desfase entre plazos legales y desarrollo de sistemas suele traducirse en interrupciones de servicios y pérdida de ingresos para trabajadores. En ese escenario, los principales perjudicados serían los conductores que dependen de la plataforma para generar ingresos y los usuarios que usan la aplicación para sus desplazamientos cotidianos. El Estado, y en particular el Ministerio de Transportes, enfrentaría la responsabilidad de coordinar la puesta en marcha sin margen para pruebas extensivas.

Como antecedente internacional, el New York Times, diario estadounidense, ha cuestionado prácticas de seguridad de plataformas como Uber en otros países, lo que alimenta la discusión sobre supervisión y estándares de fiscalización que la ley pretende introducir en Chile.

El siguiente paso es técnico y político: el Ministerio de Transportes debe decidir la fecha de publicación del reglamento y coordinar los plazos con Arkhotech SpA. Si no se ajustan los tiempos, la entrada en vigencia podría generar una interrupción en el empleo de conductores y en la oferta de movilidad para millones de usuarios. La alternativa que propone el sector privado es una puesta en marcha escalonada y un periodo de transición para evitar la exclusión masiva de conductores y el colapso operativo.