La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó esta mañana en la sala 10 para revisar y ajustar el texto del proyecto que busca sancionar la difusión de antecedentes en investigaciones penales, conocido en el debate público como Ley Mordaza 2.0. La iniciativa ya había sido presentada en junio de 2025 y aprobada en general en agosto.

El proyecto es impulsado por los cinco senadores de la comisión: Pedro Araya, senador del Partido por la Democracia (PPD); Luz Ebensperguer, senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI); Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional (RN); Luciano Cruz-Coke, senador de Evópoli; y Alfonso de Urresti, senador del Partido Socialista (PS). En la sesión participaron representantes del Ministerio Público: Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidios y Lavado de Activos (UCOD) de la Fiscalía Nacional, y la subdirectora Tania Gajardo.

En el debate los patrocinadores y el Ministerio Público centraron la discusión en la redacción del artículo que aplicará las penas, especialmente en relación con el artículo 226 J del Código Procesal Penal. El senador Pedro Araya planteó que la reforma busca corregir una anomalía, porque la normativa vigente contempla sanciones más altas para civiles que para funcionarios públicos al momento de difundir antecedentes. La senadora Luz Ebensperguer dijo que la intención es "sancionar a cualquiera que teniendo un acceso a la carpeta, por ser fiscal, por ser abogado, por ser imputado o querellante, la difunde o difunde parte o información relativa a la investigación".

Desde la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo advirtió que la fuga de antecedentes "no es exclusiva" de los intervinientes, porque existen muchos actores con acceso a las carpetas investigativas, y por eso el Ministerio Público propuso enmiendas a la redacción aprobada en agosto. Estas enmiendas procuran precisar sujetos, conductas y sanciones para evitar interpretaciones que puedan dejar vacíos aplicativos al perseguir filtraciones.

En la misma sesión la comisión también revisó un proyecto que sanciona la trata de personas con fines de adopción ilegal y que incorpora la imprescriptibilidad de ese delito. A la discusión asistió Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, en calidad de invitada.

Históricamente, las iniciativas contra filtraciones en Chile han generado tensión entre la necesidad de resguardar la investigación penal y el derecho a la información y la labor periodística. Si el texto final endurece las penas y amplía los sujetos sancionables, pueden ganar el Ministerio Público y los fiscales, al proteger la integridad de las carpetas investigativas. En tanto, podrían perder espacio los periodistas, denunciantes y organizaciones de transparencia, que advierten sobre un efecto inhibidor para la cobertura de casos de corrupción.

Para el ciudadano común, el debate tiene dos impactos concretos. Primero, busca garantizar que las investigaciones no se vayan al aire antes de ser formalmente presentadas ante tribunales. Segundo, si la redacción queda amplia o ambigua, puede restringir el acceso de la prensa y de la sociedad a información relevante sobre conductas ilícitas que afectan lo público.

Las enmiendas presentadas serán analizadas por la comisión para afinar la redacción y resolver la disparidad de sanciones entre civiles y funcionarios. El texto seguirá su tramitación legislativa en la comisión y, tras eventuales ajustes, deberá volver al pleno para su votación definitiva. El resultado marcará cómo equilibra el Congreso la protección de la investigación penal con la transparencia y la libertad de prensa en Chile.