El ministro de Transportes, Louis de Grange, anunció este martes que el Gobierno impulsará modificaciones a la implementación de la denominada Ley Uber, advirtiendo que el reglamento aprobado podría afectar el empleo, las tarifas y la continuidad del servicio. La afirmación se sustenta en una entrevista publicada por La Tercera.
De Grange sostuvo que el reglamento tal como estaba destruía la industria de las aplicaciones. Según el secretario de Estado, las exigencias técnicas, como una cilindrada mínima para vehículos, las limitaciones para operar entre distintas comunas y otras restricciones, podrían excluir hasta un 85% de los conductores actuales, encareciendo el servicio y aumentando los tiempos de espera.
El reglamento ya fue aprobado por la Contraloría General de la República, pero el Ejecutivo evalúa introducir ajustes antes de su plena implementación. El ministro indicó que el texto está prácticamente listo, y que se trabaja junto a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres, sigla de Secretaría General de la Presidencia) y otros organismos para definir los cambios necesarios.
Con su mirada puesta en un equilibrio entre regulación y servicio, el Gobierno busca evitar impactos adversos sin frenar la innovación en movilidad. El objetivo es mantener un transporte por aplicación accesible para los usuarios, especialmente en comunas periféricas y rurales.
Contexto regional: esta discusión se enmarca en un pulso global sobre la economía gig y la regulación de plataformas de movilidad. En Chile, la regulación de estas apps se actualiza en medio de tensiones entre empleo, competencia y tarifas, un tema que podría influir en la forma en que viajan miles de chilenos y en la oferta laboral de conductores.