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A password will be e-mailed to you. La Contraloría General de la República detectó una serie de deficiencias en el proceso de adquisición de terrenos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) 2022-2025 durante la administración del Presidente Gabriel Boric, advirtiendo incumplimientos normativos, sobreprecios y falta de planificación en la ejecución de la política pública.
De acuerdo con el Informe Final N° 421, uno de los principales problemas es que no se dictó el reglamento exigido por la ley para regular la compra de suelos, el cual debía establecer criterios mínimos de localización, tasación y rangos de precios. Este instrumento debía haber sido promulgado en 2022, situación que, según el órgano contralor, constituye un incumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, el análisis evidenció que, a nivel nacional, la superficie de suelo adquirida supera en un 61,33% la meta establecida en el plan. Sin embargo, esta sobreejecución no responde a una adecuada planificación territorial: mientras en algunas regiones —como Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Arica y Parinacota— se compraron terrenos sin que fueran necesarios, en otras —como Antofagasta, O’Higgins, Maule, Biobío y la Región Metropolitana— no se alcanzaron las metas proyectadas.
