El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) comunicó que aplazó la publicación del reglamento que operacionaliza la ley sobre Empresas de Aplicaciones de Transporte, tras una solicitud del designado ministro Louis de Grange. La cartera explicó que la medida busca entregar mayor certeza a pasajeros, conductores y a las propias plataformas tecnológicas.
En su comunicado, el MTT detalló que el aplazamiento permitirá que "las futuras autoridades de la cartera concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes". El texto subraya además que la decisión no detiene los avances técnicos ya realizados y que dichos insumos son clave para la futura entrada en vigencia de la norma.
La norma, conocida en el debate público como Ley EAT por Empresas de Aplicaciones de Transporte, fue aprobada en 2023 después de casi una década de discusión parlamentaria. Según el MTT, el reglamento contempla dos plataformas tecnológicas previstas por la ley; una de ellas aún está en desarrollo y la otra se encuentra finalizada, lo que ha sido uno de los argumentos para demorar la publicación mientras se adecuan las herramientas técnicas.
Louis de Grange, designado ministro de Transportes, reaccionó en su cuenta de X, la red social antes llamada Twitter, señalando "Agradezco al ministro Juan Carlos Muñoz la no publicación del Reglamento EAT. Creemos que es necesario realizar, a la brevedad, algunos ajustes en pos de mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, sin deteriorar la calidad de servicio (tarifas, coberturas y tiempos de espera)". De Grange también había solicitado no publicar el reglamento antes del 11 de marzo, según comunicaciones previas entre su equipo y la cartera.
Empresas como Uber han advertido previamente sobre el impacto que la publicación del reglamento sin una plataforma técnica lista podría tener en el empleo y en la movilidad urbana, al dejar a miles de conductores sin registro operativo. Desde el Ministerio, en cambio, se insiste en que el objetivo principal es resguardar la seguridad de las personas y garantizar estándares mínimos de servicio y calidad.
Para Chile la decisión tiene efectos directos: retrasar la implementación genera incertidumbre para miles de conductores que dependen de estas plataformas, y mantiene pendientes decisiones sobre tarifas, cobertura y mecanismos de fiscalización. Además, el caso será observado en la región como un antecedente sobre cómo regular la economía de plataformas en una economía urbana y multipolar, y puede marcar el tono de la nueva administración en materia de transporte, fiscalización y diálogo con actores privados.
El siguiente paso es que la futura administración revise el texto reglamentario y defina los ajustes solicitados, mientras las plataformas y los sectores afectados esperan plazos concretos para la inscripción y operación bajo la nueva normativa. Aún no hay una nueva fecha pública para la publicación definitiva del reglamento.
