La oposición chilena advirtió este mediodía que, de no separar el megaproyecto misceláneo del gobierno, recurrirán al Tribunal Constitucional (TC). El ministro secretario general de la Presidencia, José García, sostuvo una áspera reunión protocolar con los jefes de bancada Raúl Leiva, del Partido Socialista, y Gael Yeomans, del Frente Amplio, junto al presidente de la Democracia Cristiana Álvaro Ortiz, para definir la estrategia ante el próximo envío de la iniciativa del Ejecutivo bajo el paraguas de un supuesto “gobierno de emergencia”. En ese contexto, la discusión giró en torno a la respuesta legislativa ante lo que el Gobierno denomina texto Reconstrucción, que incluiría cerca de 40 iniciativas en al menos cuatro áreas, desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología y cambios en beneficios educacionales.

Los diputados socialistas advirtieron que, si no se introducen cambios, rechazarán o frenarán la propuesta presidencial. El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, incluso había amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional para frenar lo que considera una vulneración de las atribuciones del Congreso. “Es inconcebible que en una ley miscelánea como esta se pretenda analizarse solo a la luz de la expertise técnica de la Comisión de Hacienda, negando la validez del Congreso a analizar las distintas temáticas”, sostuvo Leiva. Además, recordó que los recursos ante el TC pueden ingresarse en cualquier momento, incluso al inicio de la tramitación, y requieren la firma de 39 diputados o de 13 senadores.

En ese marco, las oposiciones comenzaron a entablar conversaciones para diseñar una estrategia ante el próximo envío de la iniciativa, señalando que la rapidez del Ejecutivo podría encender un nuevo choque de poderes. La Moneda sostiene que el megaproyecto misceláneo forma parte de un plan más amplio llamado Reconstrucción y que busca coordinar diversas medidas en un solo paquete, pero la oposición advierte que esa modalidad podría erosionar el papel del Congreso.

El debate refleja un choque entre el poder Ejecutivo y el Legislativo sobre atribuciones y velocidad de las reformas, y deja en claro que, si el gobierno no cede en ciertos puntos, el Tribunal Constitucional podría convertirse en el tablero de la disputa. A la ciudadanía le afecta la certeza de que reformas clave –incluida la tributaria y la educativa– estén sujetas a un proceso de revisión parlamentaria riguroso y transparente, según el lenguaje de la oposición. En el balance histórico, este tipo de movimientos ha servido para equilibrar poderes ante iniciativas de alto impacto, aunque también genera incertidumbre sobre el calendario de cambios y su implementación.