El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un conjunto de reflexiones académicas y públicas volvieron a poner en discusión la idea de que la guerra es un rasgo natural e inevitable de la humanidad. Varias arqueólogas y estudiosas del género plantearon que la violencia organizada se institucionalizó durante la formación de los primeros Estados y que ese proceso estuvo estrechamente ligado a la emergencia del patriarcado.

La tesis remite a trabajos de la historiadora feminista Gerda Lerner, quien argumenta que el patriarcado no es biológico ni eterno, sino un proceso histórico que se consolidó entre el 3100 y el 600 a. C. en los estados arcaicos del Oriente Próximo. Esa cronología, según Lerner, coincide con la aparición de élites masculinas, la organización de fuerzas militares y nuevas formas de control social sobre la reproducción femenina.

Investigadoras contemporáneas en arqueología de género, entre ellas Almudena Hernando, Margarita Sánchez Romero y Paloma González Marcén, han cuestionado la lectura clásica de la prehistoria que asume una continuidad lineal desde cazadores hacia guerreros. Su crítica apunta a un sesgo androcéntrico en la arqueología tradicional, que habría proyectado el orden social actual sobre el pasado y sobrevalorado la inevitabilidad de la guerra.

Los estudios citados señalan que en varias sociedades neolíticas existen indicios de relaciones más igualitarias o, cuando menos, de estructuras sociales menos jerarquizadas por género. Por contraste, la consolidación del Estado trajo consigo la institucionalización de la guerra organizada, prácticas esclavistas y mecanismos de control sobre la sexualidad y la reproducción femenina, aspectos que ayudan a explicar por qué la violencia armada se volvió una herramienta central del poder.

Esa denuncia académica entra en tensión con la narrativa dominante en análisis de seguridad, que suele naturalizar los conflictos y tratar las guerras como respuestas inevitables a tensiones geopolíticas. Desde esa óptica, cualquier propuesta que ponga énfasis en la desmilitarización, la reconstrucción social y la integración de perspectivas de género es a veces desestimada como pacifismo ingenuo.

Para Chile y América Latina estos debates tienen resonancias concretas. La formación moderna del Estado en la región estuvo marcada por procesos coloniales y posteriores represas de poder estatales y militares; la memoria de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y de regímenes autoritarios en otras partes de la región muestra cómo la militarización del espacio público afectó derechos, cuerpos y comunidades. Asimismo, las políticas de seguridad que operan contra pueblos indígenas y comunidades rurales suelen reproducir lógicas de control que académicas feministas vinculan con las mismas raíces patriarcales del poder.

Reconocer que la guerra puede ser una construcción histórica y cultural no niega la existencia de violencia o agresión, pero sí abre alternativas políticas: priorizar la desmilitarización, incorporar la perspectiva de género en procesos de paz, y replantear currículos y discursos públicos para cuestionar la naturalización de la violencia. En la práctica regional, esto implica también revisar cómo se diseñan las políticas de seguridad y memoria, para que no reproduzcan patrones que históricamente han subordinado cuerpos y territorios.

La discusión que reapareció este 8 de marzo es menos una abstracción académica y más un llamado a repensar causas y soluciones. Si la guerra se instaló como herramienta del poder en contextos históricos concretos, las sociedades pueden, mediante reformas institucionales y culturales, cuestionar su inevitabilidad. En Chile y en la región, el desafío será traducir ese cuestionamiento en políticas públicas y en educación que promuevan seguridad humana, justicia de género y vías no militares para la resolución de conflictos.