Un tribunal chileno resolvió mantener en reserva la identidad de un conductor sorprendido circulando a 260 kilómetros por hora, y la decisión abrió un debate que va más allá del exceso de velocidad: ¿recibe la misma justicia un ciudadano común que alguien con conexiones en el mundo empresarial?

La medida judicial fue amplia. Prohibió revelar no solo el nombre del imputado, sino también la patente del vehículo y cualquier dato que permitiera su identificación. Lo que hace más agudo el cuestionamiento es que los medios de comunicación ya contaban con un perfil completo del personaje, incluidas las empresas en que participa como accionista.

El programa Causa y Efecto abordó el caso sin rodeos. Sus conductores sostienen que si el infractor no perteneciera a la élite empresarial, los tribunales no habrían actuado con el mismo celo protector. "Si hubiese sido un auto con un personaje que no corresponde a cierta élite empresarial o de nexos, probablemente estaríamos hablando del nombre y de la responsabilidad con nombre y apellido", señalaron. Uno de ellos fue más lejos y propuso registrar los nombres de los jueces que adoptan este tipo de resoluciones, como forma de accountability ciudadano.

La segunda arista abordada en el programa tiene como protagonista a Nicolás Grau, ex ministro de Economía del gobierno del presidente Gabriel Boric. La acusación constitucional en su contra se encamina al rechazo, y el golpe más duro no llegó desde la defensa sino desde la propia institucionalidad técnica.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el organismo independiente que asesora al Estado en política fiscal, desacreditó los argumentos de quienes impulsaron la acusación. La oposición había recurrido al CFA para cuestionar la gestión del gobierno actual, pero el organismo aclaró que las decisiones económicas cuestionadas fueron adoptadas en contra de sus propias advertencias durante la administración anterior. Sin ese respaldo técnico, la acusación perdió el piso que necesitaba para prosperar y deja al bloque opositor con una herramienta desgastada antes de llegar a la votación en el Congreso.