El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó prisión preventiva este lunes contra el médico identificado por las iniciales L.R.C.Z., formalizado por el Ministerio Público por la presunta emisión masiva de licencias médicas entre enero de 2023 y junio de 2025 en la comuna de Coquimbo, según la Fiscalía.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la audiencia, el imputado, un médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana, figura en el registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud de Chile como médico general sin especialidad. La investigación atribuye la emisión de 11.880 licencias médicas electrónicas durante el periodo investigado, tramitadas a través de las plataformas I-Med y Medipass, y dirigidas tanto a afiliados del sistema público como privado.

Del total informado por el Ministerio Público, 11.239 licencias correspondieron a usuarios de Fonasa, el Fondo Nacional de Salud, y 935 a afiliados de las isapres, las aseguradoras privadas de salud. Solo 275 licencias fueron otorgadas de forma presencial; 11.065 se emitieron en modalidad remota, lo que, según la fiscalía, convirtió al imputado en el mayor emisor de licencias médicas del país durante 2024.

La investigación añade que muchos de los diagnósticos consignados apuntaban a patologías de salud mental y enfermedades osteomusculares, áreas en las que el facultativo no registra especialidad. También se identificaron situaciones con funcionarios públicos: 36 licencias a 34 trabajadores que viajaron al extranjero durante sus periodos de reposo, y otras seis licencias a personas que asistieron a casinos, según la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene además que los subsidios por incapacidad laboral derivados de esas licencias superarían los $4.600 millones, monto que forma parte de la formalización por delitos reiterados de emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones. En la audiencia se exhibieron registros de plataformas electrónicas y la vinculación del facultativo con el centro de salud Surmédica SpA, empresa que según la investigación habría sido creada por el imputado junto a su madre y cuyo domicilio figura en Coquimbo.

Es importante subrayar que lo expuesto en la formalización son imputaciones; la medida cautelar de prisión preventiva tiene por objeto asegurar la investigación y la comparecencia del imputado. La causa continúa abierta mientras el Ministerio Público reúne más antecedentes y evalúa las responsabilidades penales y administrativas.

El caso plantea preguntas sobre los controles en la emisión remota de licencias y la fiscalización de prestadores. La Superintendencia de Salud es la entidad encargada de supervisar a los prestadores y, en coordinación con Fonasa y las isapres, puede iniciar procesos administrativos o exigir devolución de subsidios si corresponde. Expertos en regulación sanitaria y representantes de instituciones públicas han señalado que este tipo de investigaciones suele derivar en propuestas para mejorar cruces de información entre plataformas, validación de prestadores y límites a ciertos procedimientos remotos, aunque las medidas concretas dependerán de los resultados de la indagatoria.

La investigación judicial y administrativa seguirá su curso. La formalización en el Juzgado de Garantía de Coquimbo marca el inicio de un proceso que deberá esclarecer si hubo conducta delictual y, en su caso, cuáles fueron las fallas del sistema que permitieron la presunta irregularidad.