El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció que impulsarán la derogación del reglamento que otorga pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios del Estado y a sus parejas. La iniciativa fue comunicada en el programa televisivo 30/30 y busca restringir esos documentos al tiempo en que la persona desempeña funciones públicas.

El reglamento fue aprobado por la Cancillería de Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 6 de mayo de 2025 durante la gestión del entonces canciller Enrique Reina, y se publicó en el diario oficial La Gaceta el 14 de junio de 2025. La resolución consta de quince artículos que fijan reglas para la emisión y vigencia de pasaportes oficiales y diplomáticos.

Zambrano calificó la normativa como "un exceso y abuso" desde el Poder Legislativo y pidió que los exfuncionarios devuelvan esos documentos, incluso si pertenecen al Partido Nacional. Tomás Zambrano es el presidente del Legislativo hondureño y representa la bancada que hoy impulsa la iniciativa.

Desde el punto de vista jurídico, la abogada Ruth Lafosse explicó en 30/30 que se trata de un reglamento administrativo, no de una ley, por lo que la actual secretaria de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, tiene la facultad de derogarlo de manera directa. Según Lafosse, esto sería una oficialización del abuso del poder, y comparó la medida con prácticas de privilegios permanentes.

La norma vigente establece que los pasaportes diplomáticos y oficiales tienen vigencias de uno o cinco años mientras la persona desempeña funciones públicas, y solo pueden renovarse si se mantiene el vínculo laboral. El reglamento, en la práctica, había extendido esa condición a exfuncionarios y sus parejas, lo que generó la crítica pública por institucionalizar privilegios.

Históricamente, en la región las discusiones sobre privilegios para exautoridades suelen activar debates de transparencia y equidad. En ese contexto, la ofensiva del Congreso hondureño busca marcar una diferencia clara entre la condición temporal del cargo público y beneficios que parecían permanentes.

Quién gana y quién pierde es claro. Gana la ciudadanía que reclama igualdad ante la ley y transparencia en el uso de documentos oficiales. Pierden los exfuncionarios que conservaron el estatus diplomático tras dejar el cargo, así como quienes gestionaron la extensión de esos beneficios desde la administración anterior.

Las consecuencias políticas inmediatas serán dos. Primero, la Secretaría de Relaciones Exteriores puede derogar el reglamento sin pasar por el pleno, si así lo decide Mireya Agüero, secretaria actual. Segundo, si el Congreso avanza con una revocación o con legislación restrictiva, el caso se transformará en un barómetro político sobre privilegios y rendición de cuentas en Honduras.

Para el ciudadano común el cambio tiene un impacto simbólico y práctico: reduce la percepción de que la función pública confiere ventajas permanentes, y obliga a que los documentos oficiales se ajusten a la temporalidad de los cargos. Quedan por ver los mecanismos para recuperar pasaportes entregados y si habrá sanciones administrativas.

El debate seguirá esta semana en el Parlamento hondureño y en la Cancillería. La decisión ofrecerá una pista sobre si la política local se inclina hacia una mayor fiscalización de prerrogativas, o si el tema será utilizado con fines partidarios en la disputa entre bloques.