El capitán P.A.C.D., funcionario de la 40ª Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, fue declarado culpable por el disparo que dejó sin visión al ojo izquierdo de una persona durante manifestaciones del 28 de octubre de 2019 en la intersección de San Antonio con la Alameda, en la Región Metropolitana.
La víctima sufrió ceguera total del ojo izquierdo y múltiples impactos de perdigones en la espalda, según lo acreditado en el juicio. El proceso se desarrolló ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que condenó al capitán por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Los magistrados concluyeron que el uniformado actuó “en contravención con la normativa y reglamentación dispuesta al efecto por Carabineros de Chile a sus funcionarios”.
En la audiencia los jueces rechazaron la eximente de responsabilidad por legítima defensa introducida en la llamada Ley Nain Retamal de 2023. El tribunal estimó que la agresión contra un vehículo de Carabineros no tenía la capacidad de causar un daño grave e inminente, como exige la normativa para acceder a esa exención.
La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, actuó como querellante en el juicio. Beatriz Contreras, jefa de la sede regional del INDH, valoró el veredicto y puso el fallo en el marco de estándares internacionales: "es muy relevante que el Tribunal haya tenido en consideración los estándares referidos a la proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza policial". Añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la impunidad facilita la repetición de violaciones de derechos humanos y que juzgar estos casos busca también prevenir futuros hechos.
El caso se enmarca en el amplio contexto de las protestas sociales de 2019 en Chile, episodio durante el cual tribunales y organismos de derechos humanos han investigado tensiones entre protocolos policiales y el uso de la fuerza. En esa línea, existen antecedentes de condenas por apremios y torturas a personal de Carabineros, como la causa contra cuatro funcionarios de la 21ª Comisaría de Estación Central por hechos entre 2016 y 2018, lo que da cuenta de procesos judiciales repetidos sobre procedimientos policiales.
La lectura de la sentencia, donde se fijará la pena, quedó programada para el próximo 2 de marzo. El fallo y su ejecución concentrarán la atención de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos, que vigilan la implementación de decisiones judiciales en materias de uso de la fuerza por parte de Carabineros de Chile.