La Contraloría General de la República tomó razón, con alcances, de los cambios que impulsó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, según BioBioChile. La modificación busca flexibilizar algunas exigencias para nuevos proyectos habitacionales.
La reforma ya había generado polémica entre alcaldes. Su principal inquietud apunta a los posibles efectos en la densificación de las comunas.
El punto más discutido es el cálculo de densidad. La propuesta original reemplazaba el estándar de cuatro habitantes por vivienda por coeficientes de 1,4 y 2.
Tras las observaciones del organismo contralor, el Gobierno eliminó el coeficiente de 2. Mantuvo el de 1,4 solo para proyectos que cumplan ciertas condiciones de ubicación y conectividad. El texto disponible no detalla cuáles son esas condiciones.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, valoró los ajustes en conversación con BioBioChile. Además, descartó uno de los temores centrales del debate. "La Contraloría no solo le dio toma de razón, sino que lo mejoró", afirmó.
Según Poduje, no existe posibilidad de nuevos guetos verticales, porque la ordenanza no libera la altura de los edificios.
Esa lectura no convence a todos. Américo Ibarra, director del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio de la Universidad de Santiago (Usach), sostuvo que las proporciones del decreto sí podrían provocar una densificación excesiva.
"El riesgo es evidente", dijo Ibarra. A su juicio, liberar densidad y altura sin infraestructura ni servicios suficientes puede reproducir guetos verticales y dejar barrios sobrecargados, con baja calidad de vida.
Álvaro Farrú, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo (UDD), comparte la preocupación. Advirtió que las inmobiliarias podrían aprovechar las nuevas reglas para sumar más viviendas por terreno. "Esto finalmente es un negocio", señaló.
La discusión tiene un costo concreto para los vecinos. Más departamentos en un mismo paño significan más demanda sobre calles, transporte y servicios del barrio. Las autoridades comunales deberán absorber esa presión.
La propia Contraloría precisó que su toma de razón acredita solo la legalidad del decreto. No constituye un pronunciamiento sobre el mérito, la oportunidad ni la conveniencia de las medidas. Ahora la discusión se centrará en el impacto real de los cambios en la densificación y la planificación de las ciudades.
