El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Aguas Andinas suscribieron un convenio de colaboración público-privada que permitirá acelerar la evaluación de factibilidad sanitaria en terrenos para vivienda social en la Región Metropolitana. Según consignó La Tercera, el acuerdo establece plazos definidos para que Aguas Andinas revise proyectos ubicados fuera de su territorio operacional actual.
El mecanismo funciona en dos etapas. El MINVU comunica a Aguas Andinas los terrenos o proyectos prioritarios y la empresa sanitaria tiene 15 días para entregar antecedentes técnicos y normativos. Luego cuenta con 20 días hábiles para emitir su evaluación de factibilidad sanitaria, determinando puntos de conexión de agua potable y aguas servidas, plantas elevadoras y obras de capacidad requeridas.
San Bernardo es el primer caso concreto. En esa comuna ya se avanza en la habilitación de un terreno para construir 5.200 viviendas bajo este mecanismo. Una vez confirmadas las condiciones técnicas, Aguas Andinas emitirá un Certificado de Prefactibilidad Sanitaria y posteriormente podrá suscribirse un Convenio de Ampliación de Territorio Operacional. Ese acuerdo permitirá a la empresa solicitar ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) la concesión correspondiente.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, valoró la iniciativa como ejemplo de colaboración público-privada. "Quiero agradecer a Aguas Andinas por esta iniciativa que demuestra que es posible llegar a un acuerdo público-privado en un tema tan importante", expresó. A la vez, invitó a otras compañías a sumarse al modelo.
José Sáez Albornoz, gerente general de Aguas Andinas, destacó que el acuerdo es "una fórmula para destrabar nudos que impiden avanzar en materias que impactan en la calidad de vida de las personas". En las últimas dos décadas, la compañía aumentó su cobertura de 3,6 millones a 6,1 millones de clientes, incorporando en promedio 112 mil nuevos usuarios por año.
