La exministra Karla Rubilar, de Renovación Nacional (RN), cuestionó este jueves al gobierno del Presidente José Antonio Kast. El motivo: las rebajas de condena que el Ministerio de Justicia concedió a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
Según informó La Tercera, Rubilar sostuvo en una entrevista con Radio Pauta que el Ejecutivo debió mantener el criterio de la administración de Gabriel Boric. Ese criterio consistía en rechazar las solicitudes y dejar que los tribunales resolvieran.
"Lo que hace el gobierno del presidente Gabriel Boric, y yo quiero aclararlo, más allá de que no haya sido mi gobierno, es rechazar todas las solicitudes que se le hicieron", afirmó la exvocera de Sebastián Piñera.
Sus dichos responden al ministro de Justicia, Fernando Rabat. El secretario de Estado defendió la decisión y recordó que el gobierno anterior también otorgó reducciones de pena en más de 275 casos. Rubilar entregó otra versión: según ella, esos casos llegaron a tribunales, los condenados ganaron y el Ejecutivo de entonces tuvo que firmar tras una sentencia judicial.
Rabat, por su parte, argumentó ante BioBioChile que el ministerio recogió el principio constitucional del artículo 19, número 3, y una "jurisprudencia bastante generalizada" que ha acogido este tipo de recursos. Agregó que cada resolución dejó constancia de la gravedad de estos delitos.
Rubilar rechazó ese argumento. "No basta con decir que existe jurisprudencia, sobre todo cuando hay fallos que avalaron el rechazo de rebajas de condena", dijo a ese medio. También planteó dudas sobre el fondo de la decisión: "¿Por qué mi gobierno quiere hacer economía procesal? (...) ¿qué es lo que hay detrás? Yo no lo logro entender".
La crítica tiene peso político porque proviene del propio sector del Mandatario. "Yo voté por este gobierno", recordó Rubilar. A su juicio, el Ejecutivo debió "hacerle la vida muy difícil a los pedófilos" y trasladar la responsabilidad a los tribunales.
La exministra recordó además que durante el segundo gobierno de Piñera se impulsó una legislación para excluir de estos beneficios a los condenados por delitos sexuales contra menores. Las fuentes no detallan en qué estado está esa iniciativa.
Rubilar pidió a La Moneda reconocer el error, comprometerse a no repetir estas decisiones y respaldar eventuales cambios legales. "Prefiero que este gobierno se ponga colorado de una buena vez y diga que nos equivocamos", afirmó.
