Voces de La Moneda calificaron como "una puesta en escena" la ofensiva de la exministra Camila Vallejo contra el Gobierno, según Emol. La crítica apunta a la firma de 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Vallejo, exministra secretaria general de Gobierno (Segegob) y militante del Partido Comunista, publicó un video en Instagram. Ahí expresó su "indignación" y preguntó cómo un gobierno que se definió "de la seguridad" decretó las rebajas "sin orden de la Corte Suprema".
La exvocera acusó que el Ejecutivo "miente o no maneja bien la información". Según ella, "la ley no los obliga" y no existe una doctrina de la Suprema sobre aplicar retroactivamente la ley de 2022, que excluye de estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores. Agregó que el gobierno anterior rechazó cada una de las solicitudes que recibió.
El expresidente Gabriel Boric compartió en Instagram el mensaje de Vallejo. También difundió la entrevista del exministro de Justicia Jaime Gajardo en Radio Infinita y la declaración del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Sin embargo, la negativa del gobierno anterior no siempre prosperó. Varios reos presentaron recursos de amparo y la Suprema los acogió. De acuerdo con datos obtenidos por Emol, en los últimos cinco años se otorgaron 332 rebajas de condena. De ellas, 276 correspondieron a los cuatro años de Boric, incluidas algunas a condenados por delitos sexuales contra menores.
En Palacio reconocen que la postura anterior de pelear cada caso era legítima. Aun así, defienden las firmas del Ministerio de Justicia y sostienen que el criterio de la Suprema respeta "sacramentadamente" la irretroactividad de la ley penal. "Sabes que vas a perder", resumió una autoridad.
El Gobierno argumenta que firmar busca "no saturar los tribunales" y no negar "un derecho que tenía y que lo iba a tener igual". La fuente no precisa qué ministro firmó cada rebaja ni detalla los casos.
La Moneda anunció que presentará un proyecto de ley sobre la materia. Además, evaluará la propuesta de parlamentarios para hacer efectiva la exclusión de estos condenados una vez que conozca el texto.
