Trinidad Zegers Domínguez, abogada de 27 años que trabaja en el gabinete del ministro de Justicia, Fernando Rabat, aparece en un documento interno como la "funcionaria responsable" de revisar las solicitudes de rebaja de condena que llegan al despacho del secretario de Estado. El dato surge en plena polémica por el beneficio otorgado a 56 condenados por delitos sexuales.
Así lo informó Reportajes Teletrece, de T13, que tuvo acceso al documento. Según esa información, las solicitudes que examinaba Zegers provienen de la División de Reinserción Social. De los 56 beneficiados, 27 fueron condenados por abuso sexual y 29 por violación.
La trayectoria de Zegers es breve. Juró como abogada de la Universidad Católica el 10 de abril de este año y ese mismo mes llegó al ministerio contratada a honorarios, con un pago de $1.206.000. Un mes después, en mayo, la cartera la pasó a la planta a contrata, con un sueldo de entre $2,1 millones y $3,6 millones.
Su nombre ya había sido objeto de críticas en agosto. Entonces se supo que el Gobierno la había designado para tramitar el proyecto de reforma procesal civil, una tarea de peso para alguien con menos de un año de ejercicio profesional.
El Portal de Transparencia detalla sus funciones. Entre ellas figura revisar y visar los documentos que ingresan al gabinete para la firma del ministro y, si detecta reparos, derivarlos al área que corresponda. También debe entregar propuestas para que la autoridad decida "en tiempo y forma".
Ese mismo registro mostraba cinco oficios pendientes de revisión, ingresados entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. Correspondían a condenas por narcotráfico, maltrato de obra a Carabineros, ocultación de identidad y amenazas. Ninguno ha sido resuelto.
Consultado por el procedimiento, el Ministerio de Justicia explicó que las rebajas pasan por varias etapas. Primero, comisiones especiales evalúan la conducta de los internos en educación, trabajo, estudio y rehabilitación. Luego Gendarmería envía las postulaciones a las secretarías regionales ministeriales (seremis), que verifican los requisitos objetivos.
Después, la unidad de rebaja de condena revisa las exigencias legales y redacta una propuesta de decreto. La jefatura de Reinserción Social la visa y el texto llega al gabinete ministerial. La decisión final, según la cartera, recae en el ministro, quien firma el acto administrativo.
Rabat confirmó que ordenó paralizar la tramitación de todas las solicitudes de rebaja de condena. Zegers, según ADN Radio, declinó responder las consultas sobre su rol.
